En el escrito presentado el jueves, los fiscales dicen que es "esencial la prisión preventiva debido a la conveniencia del proceso penal" y entienden que el ex presidente podría "mover su red de apoyo violenta para evitar que el proceso penal siga su curso natural".

Los investigadores también citan en su informe la "clara probabilidad de amenazas a las víctimas y testigos y la posible alteración de la producción de otras pruebas en el caso". Los fiscales afirman la existencia de "maniobras violentas ampliamente probadas de Lula y sus partidarios", con la promoción y apoyo del público e, incluso, de la presidente.

El pedido de prisión preventiva se enmarca en la denuncia presentada ayer. En esa acusación, de 193 páginas, los fiscales Cássio Conserino y José Carlos Blat argumentan que Lula trató de ocultar la titularidad de la propiedad, que está registrada oficialmente con el nombre de la empresa constructora de la OEA. El tríplex de lujo atribuido a Lula da Silva está frente al mar, en Playa de las Asturias, estado de San Pablo. Tiene 215 metros cuadrados y lo edificó OAS, empresa que pagó sobornos para adjudicarse contratos.

Los fiscales sospechan que Lula y su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, son los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la localidad Guarujá, lo que el ex presidente ha negado en reiteradas ocasiones.

Precisaron que la investigación de la Fiscalía de San Pablo es independiente de la llevada a cabo por la Justicia del estado de Paraná, de la que también es blanco Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

La denuncia contra Lula se enmarca en una investigación iniciada hace "cinco o seis años"para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando esta traspasó sus obras a la constructora OAS, salpicada por el caso de corrupción en Petrobras.

La Fiscalía cree que Lula es el real propietario del apartamento en la playa en Guarujá, el cual está registrado en nombre de la constructora OAS, que llegó a realizar reformas en el interior del inmueble, supuestamente al gusto del ex presidente y dirigidas en parte por su esposa.

Por este y otros indicios, la Fiscalía considera que Lula es el verdadero propietario, lo cual supondría que incurrió en un delito de lavado de dinero vía la ocultación de su patrimonio, que contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión, y en otro de falsedad ideológica.

Las denuncias serán analizadas ahora por una jueza de San Pablo, quien decidirá si Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se convierte o no en reo de la Justicia.

Además de Lula y su mujer, fueron denunciadas otras 15 personas, entre ellas el hijo mayor de ambos, Fabio Luiz Lula da Silva, y el ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores Joao Vaccari Neto.

El apartamento de Guarujá también es parte de la investigación iniciada por la Fiscalía de Paraná en torno a las corruptelas en Petrobras. En ese caso, se cree que el inmueble y una casa de campo en el interior de San Pablo, de la cual también se sospecha que Lula es propietario, también podrían estar relacionadas con la corrupción en Petrobras y habrían sido usadas por empresas constructoras para disfrazar el pago de coimas por contratos con la petrolera.

Por este segundo caso, Lula fue conducido de forma coercitiva a declarar en una comisaría de San Pablo el pasado viernes, lo que generó enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del ex jefe de Estado y aumentó la fragmentación política en el país.

El Ministerio Público señaló que cuenta con indicios "bastante significativos" de que el ex presidente recibió beneficios y favores de las empresas implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras, pero Lula lo niega e insiste en que se trata de una "persecución política".