"Vinimos con la mejor buena voluntad porque el diálogo es necesario entre los organismos de Derechos Humanos y el Estado" señaló Carlotto al término del encuentro y añadió que 

"dejamos un documento con los puntos más importantes de nuestras demandas para que los derechos humanos sigan siendo un tema de preocupación para el Estado".

Entre los puntos figuran la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, los "despidos masivos" y la detención de Milagro Sala, entre otros.

Según especificó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Peña escuchó atentamente las inquietudes y propuso que cada demanda se tramite en el ministerio que corresponda.

En la reunión también participó el ministro de Justicia, Germán Garavano, que evaluó el intercambio como “productivo” y señaló que “tuvo coincidencias y también divergencias”. “Muchas de estas organizaciones plantearon algunas cuestiones que exceden los derechos humanos y son parte de la política: allí dijimos que no compartíamos ese enfoque y también plantearon que algunas decisiones administrativas podían significar un cambio en las políticas y dijimos que eso no es así y que es patrimonio del gobierno decidir lo administrativo”, dijo el ministro en el Patio de las Palmeras de Casa de Gobierno.

También aclaró que “hablamos de los juicios de lesa humanidad y les aclaramos que eso está fuera de discusión y señalamos que la política de derechos humanos es una política de estado”.

Carlotto por su parte, flanqueada por Taty Almeida de Madres Línea Fundadora y Eva Arroyo de HIJOS Jujuy, calificó este primera reunión como “muy extensa y clara” y que “se planteó que no se cambie lo construido y se construya lo que falta, lo que quedó sin hacer”.

“Lógicamente hubo momentos de discrepancia, como cuando nos mostramos muy preocupados por ciertas acciones como los despidos masivos, la detención de Milagros Sala o los achicamientos en las estructuras de funcionamiento de los derechos humanos”, puntualizó Carlotto.

Arroyo especificó en este último punto que “los despidos tienen que ver estrictamente con el desarrollo de los juicios (a represores) porque cada programa y cada plan sirve para el desarrollo de los juicios. Las personas que fueron designadas en esos planes fue a pedido de cada organismo”.

También plantearon los dirigentes de las organizaciones su inquietud por la presencia de personas con responsabilidad en el terrorismo de Estado en lugares de decisión o dentro de las estructuras ministeriales.

Los organismos hicieron mención al tema en general pero puntualmente mencionaron al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, que fue abogado defensor de represores.

El documento entregado al gobierno estuvo firmado por Abuelas, Madres Línea Fundadora, Familiares, HIJOS, CELS, APDH y Buena Memoria y contiene cuatro puntos centrales y algunos anexos.

El primer punto es por la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia y menciona la continuidad de los juicios, la búsqueda de apropiados, la identificación de los cuerpos, los sitios y espacio de memoria y el control de los ascensos militares, entre otros.

El segundo punto de la demanda se refirió al derecho al trabajo, en torno a los despidos del Estado; el tercero al derecho a la protesta social y el cuarto y último mencionó el “respeto a las instituciones democráticas y la vía parlamentaria”.