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JUDICIALES

17 de marzo de 2015

Fiscal de Camara Federal pide que indaguen al jefe del Ejército

El Dr.Alberto Lozada, se pronunció en la causa por la detención ilegal y torturas en perjuicio de Ramón Alfredo Olivera y su hijo, durante la última dictadura militar.
Sostiene que la prueba existente en una causa por delitos de lesa humanidad, en la que está involucrado el general César Milani, es más contundente que en otras donde los acusados ya están con prisión preventiva.

Consideró que nada impide que el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, cite a prestar declaración indagatoria al jefe del Ejército, el general César Milani.

En sus fundamentos, el f iscal Lozada opinó que “la abundante prueba existente en la causa” contra Milani y otros imputados “es más directa y de mayor poder convictivo” que las violaciones a los derechos humanos por las cuales “ya hay personas imputadas, procesadas y cumpliendo prisión preventiva”.

El caso Olivera fue remitido a Córdoba a mediados del año pasado para que la Cámara Federal se pronuncie.

Además de esta causa, que se investiga en La Rioja, Milani tiene otra denuncia por delitos de lesa humanidad en la Justicia tucumana. Se trata del caso del soldado Alberto Agapito Ledo, quien era asistente personal de Milani cuando desapareció y el militar inició un expediente en el que consideró lo ocurrido como una deserción. Alberto Lozada consideró que nada impide que el juez federal de La Rioja cite a prestar declaración indagatoria al jefe del Ejército por un delito de lesa humanidad.

El fiscal General de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada, se pronunció sobre un incidente “por falta de acción” presentado el año pasado por las abogadas de Ramón Alfredo Olivera, detenido ilegalmente y torturado en la época de la dictadura, y por la defensa del general César Milani. El referido incidente se produjo a partir de que el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, declaró nula la investigación de la fiscalía en la causa que involucra al jefe del Ejército.

Desde mediados del año pasado, el expediente fue remitido a Córdoba, para que la Cámara Federal se pronuncie. De lo que resuelvan el presidente de la Cámara, Abel Sánchez Torres, y los vocales Luis Roberto Rueda y Liliana Navarro puede depender el futuro de Milani.

La discusión radicaba el año pasado en “el archivo de las actuaciones” o la devolución de la causa a la Justicia de La Rioja para que continúe investigando la denuncia contra el general oriundo de Cosquín.

El 28 de noviembre de 2014, la fiscal subrogante de La Rioja, Marta Elena Kunath presentó un nuevo requerimiento de instrucción y sólo se menciona como coautor de los delitos de lesa humanidad a Luciano Benjamín Menéndez, restando individualizar a sus cómplices e instigadores.

Lo curioso es que al describir los hechos, la f i scal menciona al entonces teniente Milani como el militar que el 12 de marzo de 1977, a las 4 de la madrugada dirigió un operativo ilegal en el domicilio de Pedro Adán Olivera.

Entre siete y ocho personas ingresaron violentamente después de romper el vidrio de una habitación que daba a la calle. Milani portaba un arma corta y el dueño de casa, su esposa y los cinco hijos que dormían fueron sacados a culatazos hasta el porche.

El actual jefe del Ejército le dijo al padre de familia que lo llevaba detenido por averiguación de antecedentes. El hombre fue trasladado al Instituto de Rehabilitación Social, centro clandestino de detención de la provincia.

Durante tres días, Olivera fue torturado y después lo dejaron sentado en uno de los sillones del porche de su casa. Por la golpiza, Olivera quedó hemipléjico hasta su fallecimiento.

El día que liberaron al padre, los militares fueron por su hijo Ramón Alfredo, sacándolo de su lugar de trabajo en la Municipalidad. Fue torturado y días después, Milani y otros uniformados lo trasladaron hasta el juzgado para que fuera indagado.

Frente al secretario del juzgado, Milani hostigó al preso acusándolo de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo ( ERP). Olivera le pidió al secretario que escribiera que fue torturado, mostrándole las piernas con las huellas de las torturas. El funcionario judicial se negó a hacerlo. En eso ingresó el juez federal Roberto Catalán (está imputado por delitos de lesa humanidad) y Milani se retiró. Lo único que le dijo el juez es que levantaba su incomunicación.

La fiscal subroga nte enmendó las fallas de la primera instrucción y aportó nuevas pruebas. Al interiorizarse de la nueva acción penal, las abogadas Adriana Mercado Luna, Viviana y María Elisa Reinoso, representantes del denunciante, considerar on que el recurso presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se había tornado “abstracto” porque ya se había iniciado una acción penal en la Justicia riojana.

Fuente La Voz.com.ar

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