La conformación de la Corte Suprema de Justicia que tendrá a su cargo revisar la anulación de los comicios que dispuso la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo avanzó con la designación por sorteo de tres jueces que reemplazarán a los actuales miembros que no podrán formar parte del proceso por diferentes motivos.

Anoche se realizó el sorteo entre siete jueces y los designados por esa vía son Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Horacio Bejas, quienes reemplazarán a los vocales Antonio Gandur, presidente del cuerpo, y Claudia Sbdar.

Ambos se excusaron por haber intervenido como presidente de la Junta Electoral Provincial y por enemistad manifiesta con Arnaldo Ahumada, uno de los abogados del Acuerdo para el Bicentenario, respectivamente.

El quinto vocal, Antonio Estofán, no puede intervenir en el pleito porque está en Europa y no llegará a tiempo para reintegrarse.

Sólo dos vocales naturales de la Corte Suprema provincial se declararon en condiciones de intervenir: René Goane y Daniel Posse, aunque este último ya fue recusado por el Acuerdo para el Bicentenario por su condición de hermano del fiscal de Estado (Jorge Posse Ponessa) y su condición de ex funcionario del actual gobierno provincial, entre otros motivos.

La conformación provisional con Goane, Posse y los tres magistrados civiles sorteados puede ser cuestionada por las partes intervinientes.

Por las particularidades del caso y la gravedad institucional que provoca, la Corte dará plazos acotadísimos para formular los planteos de recusación y declarará que todos los días y horas son hábiles a los efectos del pleito.

Una vez constituido, el alto tribunal debe pronunciarse sobre la recusación de Posse, quien debe hacer un informe indicando si acepta o no los cuestionamientos.

Fuentes del Acuerdo para el Bicentenario anticiparon que también intentarían apartar a Goane, cuyos hijos trabajan en la Junta Electoral y en la Fiscalía de Estado, y solicitarán la inhibición de Moisá por su condición de cuñado del legislador del Frente para la Victoria (FpV), Sisto Terán Nougués.

Si las recusaciones articuladas o en vías de ser articuladas prosperan, la Corte deberá llamar para cubrir las vacantes a los otros camaristas civiles disponibles que no surgieron en el sorteo: Marcela Ruiz, Dolores Leone Cervera, Augusto Ávila y Alberto Acosta.

Una vez cumplidos todos los pasos, el alto tribunal deberá resolver si acepta o no el pedido de "per saltum" que formularon por separado los representantes del gobierno provincial y los apoderados del Frente para la Victoria, aunque por la importancia del caso se descuenta que el pedido tendrá resolución favorable.

La Sala 1 de la Cámara lo Contencioso Administrativo dispuso la anulación de los comicios del 23 de agosto, presentación que fue realizada por los apoderados del Acuerdo para el Bicentenario, y ordenó al Gobierno provincial que convoque a nuevas elecciones.

El gobierno y los apoderados del Partido Justicialista apelaron el fallo y recurrieron a la Corte Suprema de Justicia solicitando un "per saltum" para acortar los tiempos del tratamiento de la causa, ante la necesidad de resolver la situación antes del 29 de octubre y de esa forma evitar la acefalía en los poderes Ejecutivo y Legislativo, que en caso de producirse podría desembocar en una intervención federal a la provincia.

Según los resultados dados a conocer por la Junta Electoral Provincial, el candidato del Frente para la Victoria, Juan Manzur, se impuso con casi 12 puntos de ventaja sobre José Cano, el postulante del Acuerdo para el Bicentenario, aunque esta fuerza política recurrió a la Justicia y pidió la anulación del proceso por considerar que hubo numerosas irregularidades que permiten sostener la teoría del fraude.