Lautaro es un joven con síndrome de Down oriundo de Tolhuin, una localidad de Tierra del Fuego, que cursó su primaria y los primeros años de la secundaria integrado a sus pares. No obstante, en plena adolescencia empezó a padecer la indiferencia de las autoridades de la escuela a la que concurría, situación que reclama hasta hoy día, cuando está casi por cumplir la mayoría de edad.

Hace casi dos años, su familia reclamó ante la justicia la adecuación de contenidos para garantizar la continuidad de los estudios del joven, situación que había sido denunciada en los medios por el Observatorio de Discapacidad.

La jueza civil Silvia Herráez analizó la situación y condenó al Ministerio de Educación a “adecuar en el término de treinta días el sistema de educación del establecimiento escolar Ramón Trejo Noel de la localidad de Tolhuin”, acorde a las capacidades de un alumno con síndrome de Down.

La magistrada ordenó “evitar cualquier discontinuidad” en los estudios, pero desde el año pasado no se le entrega su boletín de calificaciones y no se le permitió, como al resto, rendir recuperatorios hasta que se decidió accionar legalmente.

La sentencia condenatoria -parte de la cual reproduce el diario El Sureño- destaca que “la actitud perseverante del joven contrasta la actitud de la directora del establecimiento escolar, quien no sólo demostró su renuencia a debatir y aportar soluciones sino que, por el contrario, en todo momento se mostró reacia a aceptar e implementar en el establecimiento escolar a su cargo las disposiciones constitucionales contenidas en los Tratados de Derechos Humanos sobre discapacidad”.

En la causa se cuestionó el proceso de enseñanza que recibía el joven, dado que era sometido a evaluaciones diarias en todas las materias; por estas y otras pruebas, la justicia condenó al estado y las autoridades por “discriminación”.

Un derecho en stand by

Pese a la condena judicial, una apelación hace que el gobierno fueguino siga sometiendo a la familia a más litigios y que Lautaro continúe victimizado por quienes tienen la obligación de impartirle educación y respetar sus derechos.

Tras conocerse esta presentación, en declaraciones a la prensa fueguina, el Dr. Gustavo García Casanovas, defensor de la familia, cargó contra esta apelación que prolongará “los trastornos que debe vivir Lautaro”, luego de que el Ministerio fuera exhortado a capacitar “en forma urgente”, tanto al personal directivo como docente del colegio de Tolhuin.

Transcurrida la primera mitad del año, habrá que esperar el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones, que quizás llegue después de la feria judicial. (InfoGEI) Ga