Sobreseyeron a médicos que realizaron la interrupción del embarazo a Lucía, una nena de 11 años abusada.
José Gijena y Cecilia Ousset habían sido denunciados en 2019 por la interrupción del embarazo que realizaron a la nena embarazada de 23 semanas producto de un abuso sexual de la pareja de su abuela materna.
Los médicos José Gijena y Cecilia Ousset le practicaron la cesárea a Lucía en febrero de 2019 en el Hospital Eva Perón.
La Justicia tucumana sobreseyó a los dos médicos que realizaron interrupción del embarazo a la nena de 11 años, identificada como Lucía, quien había sido abusada sexualmente por la pareja de su abuela en 2019.
La decisión fue adoptada por el juez penal Raúl Armando Cardozo, quien dispuso los sobreseimientos de José Gijena y Cecilia Ousset, los ginecólogos que le practicaron la cesárea a Lucía en febrero de 2019.
El 5 de febrero de 2019 la madre de Lucía había denunciado el abuso del que había sido víctima su hija y pidió la interrupción legal del embrazo (ILE), cuando la niña cursaba la semana 16.
Sin embargo, la interrupción pudo realizarse recién en la semana 23 a causa de las dilaciones entre la justicia y médicos que se negaban a practicar la ILE.
Finalmente, Gimena y Ousset fueron los únicos que aceptaron hacerlo pero, para entonces, el embarazo se encontraba en la semana 23, por lo cual tuvieron que realizar una cesárea. La beba pesó 660 gramos y murió a los pocos días.
Tras el fallecimiento de la beba, el Ministerio Público Fiscal resolvió impulsar una investigación contra los médicos, a los que acusó de homicidio agravado.
La causa recayó en manos de la fiscal de Homicidios Adriana Giannoni, quien citó a declarar a ambos Gijena y Ousset pero antes de que eso ocurriera fue recusada, por lo que la causa quedó un tiempo paralizada.
Luego fue designado como fiscal Ignacio López Bustos, quien solicitó el sobreseimiento de los ginecólogos.
"La denuncia fue un intento de mensaje amedrentador contra quienes garantizan derechos en los hospitales, pero la justicia respaldó a Ousset y Gijena"Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes
En septiembre pasado, Andhes, organización de abogados que llevan adelante la defensa de los ginecólogos, presentó un pedido de sobreseimiento de ambos profesionales para reforzar el pedido efectuado por el fiscal López Bustos.
Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes, sostuvo que "la denuncia en su contra fue un intento de mensaje amedrentador contra quienes garantizan derechos en los hospitales, pero la justicia respaldó a Ousset y Gijena y al mismo tiempo a cada una de las y los profesionales de la salud que garantizan el derecho al aborto en nuestra provincia".
Finalmente, "el juez decidió sobreseer a Cecilia Ousset y José Gijena por entender que la interrupción del embarazo de la niña estuvo dentro de los previstos establecidos por la ley Nacional N° 27.610", indicó Marchese.
En tanto, Ousset publicó en sus redes sociales, tras conocer la noticia del sobreseimiento: "Sin miedo a seguir defendiendo derechos, sin miedo contra los perversos que obligan a gestar, que ellos vayan a la cárcel, nosotros no. Nunca más esto. Que nunca más se atrevan a tocarnos".
Por su parte, Gigena manifestó ante los medios sentir "mucha alegría" pero al mismo tiempo "el sabor amargo de haber tenido que esperar tanto para que la Justicia diga que hicimos algo justo".
"Sin miedo a seguir defendiendo derechos, sin miedo contra los perversos que obligan a gestar, que ellos vayan a la cárcel, nosotros no"Cecilia Ousset
En marzo de 2020, un tribunal integrado por los jueces Fabián Fradejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez, encontró responsable al acusado de 66 años, pareja de la abuela de Lucía, de "abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por el grave daño a la salud de la víctima y por convivencia en concurso real" y lo condenó a la pena de "18 años de prisión accesorias legales y costas procesales".
Además, en el fallo se recomendó al Estado provincial brindarle a la víctima una beca para que pueda terminar sus estudios y le provea asistencia socioeconómica, sanitaria y psicológica, de manera gratuita.
También, solicitó al Ministerio de Educación y al de Desarrollo Social que concreten un relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes; organicen campañas de educación y concientización, prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y de salud sexual y reproductiva.
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