La Fiscalía de Posadas, de forma interina a cargo de Jorge Horacio Capitelli, tomó en cuenta la sugerencia realizada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) que apuntó al político por “haber explotado a 61 trabajadores, de los cuales seis eran menores de edad, quienes fueron captados en sus lugares de origen, en diferentes puntos del interior del país, mediante engaño y falsas promesas”.

El pedido de imputación, que alcanza también al padre, madre y hermana de Puerta, todos socios de Yerbatera Misiones SRL, se basa en el escrito del Ministerio Público Fiscal que indicó que los presuntos delitos constituyen “una decisión empresarial” con “el objetivo de producir la yerba mate al menor costo posible”.

La Protex describe que los trabajadores “fueron sometidos a prolongadas jornadas de trabajo, que se desarrollaban en extremas condiciones de salubridad, seguridad e higiene, sin inscripción laboral previa, sin recibir herramienta alguna, sin percibir remuneración o percibiéndola en una proporción muy inferior al mínimo legal establecido”.

Además “sin provisión de alimentos (por el contrario les era cobrado a precios superiores al de mercado), sin proveerles alojamiento (las carpas, o mejor dicho lonas, que eran levantadas a la intemperie les eran también cobradas y descontadas de los haberes, para aquellos casos en donde algún haber fue abonado), durmiendo sobre colchones en la tierra, sin agua potable, sin energía eléctrica, sin ningún tipo de asistencia sanitaria o asistencia para emergencias médicas”.

La presentación judicial se basó en dos declaraciones testimoniales, una del tarefero Ramón Piñeiro, primer denunciante de la causa y otra de un menor, obtenida a través de Cámara Gesell, además de la información recabada durante una inspección ocular al campo de Puerta.

La denuncia también describe un entramado de contratistas y subcontratistas para eludir cualquier responsabilidad pero concluye que en el principio y el fin de la cadena está Puerta como dueño de la Estancia I Pora y socio de la empresa Yerbatera Misiones SRL, a cargo de explotar la producción de la hoja, al momento de la acusación en enero del año pasado.

Por todo esto el pedido de indagatoria también recayó sobre los contratistas Sergio Poliszczuk, Héctor Díaz, Domingo Castillo y José Raúl Rivas.

El ex gobernador de Misiones negó las denuncias en su contra, cuestionó a los testigos que declararon ante la Justicia y afirmó que "trabajar en blanco es difícil", porque la gente "tiene planes sociales a rolete". (InfoGEI) Mg