El jueves pasado, el ex gobernador bonaerense durante el kirchnerismo Daniel Scioli lanzó su precandidatura y cuatro días después fue denunciado por lavado de dinero en Comodoro Py por Silvina Martínez, la apoderada de Margarita Stolbizer. Los hechos sospechados ocurrieron entre 2007 y 2014 y son parte de una megacausa que lleva adelante la justicia bonaerense que ahora también serán investigados por el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita. 

Según la nueva acusación, de la asignación irregular de obras en la provincia de Buenos Aires (investigada por el fiscal bonaerense Álvaro Garganta) salió dinero ilegal y parte de ese dinero habría ingresado al patrimonio de Scioli. ¿Cómo? Mediante la sociedad Capanone S.A -que según la Justicia sería del ex gobernador- habría simulado alquileres y reformas en el predio Villa La Ñata del empresario Ricardo Miller. 

Pero la cara más visible de este fenómeno “político-judicial” es Cristina Fernández de Kirchner, que ayer sumó un nuevo procesamiento con prisión preventiva dictado por Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga sobreprecios en la compra de gas licuado. La ex presidenta tiene en su contra el escándalo de los “Cuadernos” y otras cinco causas elevadas a juicio oral (Obra Pública, Hotesur, Los Sauces, Memorándum con Irán y Dólar Futuro).

Por su parte, la empresa Iecsa, que controló Mauricio Macri, es protagonista de los Cuadernos de las coimas y del soterramiento del Sarmiento. El testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, se arrepintió: dijo que le pagó coimas a Iecsa y espera que su acuerdo sea homologado. Además, Iecsa es parte de los “Cuadernos”.

Roberto Lavagna tampoco queda afuera de este panorama aunque su situación es distinta al resto: es la estrella de los acusadores en la causa de los “Cuadernos” porque en 2005, momento de su renuncia al ministerio de Economía, denunció la cartelización.

Salvo la cuestión de la economía, de la que se habla muy poco entre los precandidatos, el resto de la discusión - al menos hasta ahora- se limita a discutir responsabilidades penales en casos de corrupción. 

Además los jueces y fiscales se investigan recíprocamente por su actuación en esas causas. Incluso, la cuestión de la inseguridad se ciñe al debate de los jueces que le gustan al gobierno y los que no. 

Mientras tanto, las propuestas de políticas públicas educativas, de seguridad y de integración social brillan por su ausencia. 

Si la comunión entre la política y Comodoro Py no se corta, la agenda pública durante la campaña no va a traspasar los contornos del Código Penal y, encima, con la particularidad de la justicia argentina, que al final es dócil con el poder de turno y dura con quienes lo perdieron.