El Ministerio de Modernización de la Nación publicó en datos.gob.ar -una página web que dicho organismo administra- un mapa de Argentina en el que las Islas Malvinas aparecían con la denominación británica, Falkland Islands.

El mapa fue dado de baja, pero aún no ha trascendido ninguna explicación oficial sobre el tema. Si bien inicialmente se atribuyó a un “error” por la utilización de un software, esta versión es endeble en cuanto ni siquiera en Google Maps se denomina al archipiélago como Falkland Islands y los nuevos programas como mínimo utilizan los dos nombres para el territorio en disputa.

En tanto, lejos de un caso aislado, es posible hablar de una política de “errar” cada vez que se nombra a las Islas Malvinas. En abril pasado, el Ministerio de Defensa había publicado un mapa llamándolas como Falkland; mientras que en el mes de diciembre la cartera de Desarrollo Social “olvidó” ponerlas en un mapa publicado en la página de Internet, con un saludo por Año Nuevo.

Esta vez, la publicación en datos.gob.ar fue advertida por los docentes e investigadores mendocinos Manuel Cuervo (UNCUYO-Conicet) y Francisco Martí (Universidad de Congreso), quienes notificaron al diputado nacional por Mendoza Guillermo Carmona (FpV) y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el Congreso.

“Tengo la impresión de que, como mínimo, ha habido negligencia por parte del Ministerio. Y ya a esta altura, reiterándose tanto este tipo de situaciones, me pregunto si no hay un plan sistemático de naturalizar la ocupación (británica) de las islas (Malvinas)”, sostuvo el legislador, en una entrevista con Unidiversidad. Según sus averiguaciones, se utilizó un software libre que permite al usuario cambiar los nombres de los lugares.

A partir de ello, solicitó un pedido de informe al Ministerio de Modernización de la Nación y la interpelación de la canciller de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra. Además, presentará un proyecto para modificar la ley 26651, que es la que establece la obligación de usar el mapa bicontinental de la Argentina. La intención de Carmona –informó Unidiversidad- es que se apliquen sanciones administrativas a los políticos, funcionarios y organismos públicos violen esa obligación. (InfoGEI) Ga