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22 de Noviembre de 2024
EDUCACIÓN
18 de febrero de 2017
En medio de la discusión salarial, recuerdan que la ley obliga al gobierno a acordar un piso salarial, y que sin ese paso no habrá discusiones provinciales.
Desde la cartera educativa dan por confirmado que no habrá esa instancia. Además, en la Provincia festejaron el fallo que obliga a Vidal a devolver los días descontados por los paros en 2016.
La tensión que generó la baja propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires a los docentes –un 18 por ciento en cuatro cuotas –adelantó problemas a la hora del inicio de clases, algo que podría trasladarse a todo el país. Es que si bien no lo formalizó, el Ministerio de Educación no convocará a la paritaria nacional, la negociación previa que establece un piso salarial, para que luego las provincias establezcan los salarios finales. La decisión de no convocar a esta instancia tiene el visto bueno del equipo económico del presidente Mauricio Macri, y genera polémica entre los gremios, que recuerdan que es parte de la ley de Financiamiento Educativo. Por esto, los docentes están pensando en lanzar un plan de lucha la semana que viene, que incluye el no inicio de clases. “Sin paritaria nacional es muy difícil que comience el ciclo lectivo”, alertan.
A los problemas surgidos por la magra oferta salarial en territorio bonaerense se le sumarían la falta de convocatoria nacional, que de por sí dispararía el conflicto. “Si no cumplen con la ley, no habrá inicio de clases. No creemos que ninguna provincia arregle salarios sin esa referencia, le dijo a Gestión Sindical una fuente de CTERA, que además adelantó que la semana que viene habrá un encuentro nacional para definir un plan de lucha. “Así, es muy difícil que las clases empiecen”, agregó la misma fuente consultada. Las medidas a tomar se confirmarán en la próxima reunión de la entidad, que está pactada para el próximo jueves, pero podría adelantarse.
La idea de dejar de convocar al diálogo a nivel nacional comenzó a circular hace unas semanas, pero de manera extraoficial. En CTERA y el resto de los gremios con representación nacional no hubo una comunicación formal. “Nunca el Ministerio de Educación nos dijo que se terminaba la paritaria, pero las declaraciones ven en ese sentido. Creíamos que iban a dilatar la reunión, no cancelarla, porque viola la ley”, remarcaron desde la entidad. Pero las últimas declaraciones públicas de funcionarios de Cambiemos terminan de cerrar el círculo. “Como la Nación no paga los salarios, no va a participar de una paritaria nacional”, dijo el Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, dejando clara la intención del oficialismo.
Ante esto, el plan de lucha de los docentes se definirá la semana que viene. Al no inicio de clases se le suma la segura participación de la marcha de la CGT del 7 de marzo, cuando se espera una gran movilización contra la política económica. “Sin paritaria nacional todo lo que se discuta en las provincias es una especie de mentira. No vamos a permitir que terminen con derechos adquiridos por la lucha y por la ley”, concluyeron desde CTERA.
Por otra lado, en la pulseada bonaerense, los gremios recibieron con alivio el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata, que estipula que el gobierno bonaerense deberá devolver en 48 horas la quita en los haberes a los trabajadores que hicieron huelga el 1° y 2 de agosto del año pasado. Ese día, los gremios docentes se pronunciaron contra la falta de convocatoria a actualizar el aumento salarial firmado en marzo. El fallo ordena a la Provincia que se cumpla con la medida cautelar dictada por ella misma el 16 de diciembre pasado, frente a un planteo gremial.
La victoria judicial se da en medio de amenazas de la gobernadora maría Eugenia Vidal y sus funcionarios que adelantaron que si hay paro docente descontarán los días, como hicieron con los estatales, los médicos y los judiciales. Si hay apelación, los días que tarde en abonar –en caso de ratificarse la medida –serán incluidas en los intereses. Este tipo de actitudes mostraron una nueva cara del gobierno de Vidal. En enero, los afiliados al gremio médico CICOP denunciaron que el gobierno pidió listas de quienes se adhirieron al primer paro del 2017, una firma “de amedrentar a los trabajadores”.