Antes del comienzo del ciclo lectivo 2016, los cinco gremios docentes nacionales acordaron un salario inicial de 8.500 pesos para el maestro de grado a partir de julio. Pero el escenario comenzó a complicarse después de las vacaciones de invierno, con las primeras huelgas aisladas en algunas provincias, que confluyeron en el reclamo único que tendrá lugar hoy en todo el país. La medida de fuerza, convocada por CTERA, UDA, SADOP, CEA y AMET, afecta a unos nueve millones de alumnos de todos los niveles y principalmente a los que concurren a escuelas de gestión estatal. En el sector privado el impacto será menor.

El primer paro nacional docente a la gestión macrista se da en un contexto crítico que viene de arrastre. Un declive educativo que hace apenas 48 horas volvió aflorar a partir de un dato desolador: los alumnos argentinos están retrasados cinco años en su nivel con respecto a los mejores del mundo. El dato surgió de un informe de ex presidentes y ex ministros de educación de la región  que fue presentado en la Organización de Estados Iberoamericanos.

“Nazcas donde nazcas en nuestro país, el objetivo es que tengas las mismas oportunidades de tener una escuela de calidad cerca de tu casa”. Lo dijo ayer el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, en la reunión del Consejor Federal que se realizó en Potrero de los Funes, San Luis. Sus interlocutores eran los ministros de educación de todas las provincias. En su mayoría, rostros más amables que los de los gremialistas que lo cruzaron con fuerza durante todo el día. Pero que al mismo tiempo deben apagar el fuego docente en sus provincias.

La polémica entre sindicatos y Nación creció a partir de los dichos del ministro, temprano a la mañana: “Los aumentos que se han dado son significativos y vemos una caída de los índices de inflación”. También aseguró que el aumento de 2016 llegará al 50 por ciento para el salario inicial. Es porque se fijó una cláusula de aumento automático para junio, septiembre y enero “atado al monto del salario mínimo, vital y móvil”.

Desde UTE-Ctera, Eduardo López le respondió: “Es un dato que oculta deliberadamente que ese incremento sólo alcanza al 8 por ciento de los docentes del país. La responsabilidad de que el 92 por ciento restante recupere el poder adquisitivo perdido con las políticas de este gobierno y por eso debe reabrir la paritaria”.

Bullrich agregó que estos paros “le hacen daño a la educación estatal” y que “cuando un niño que va a una escuela privada tiene 15 días más de clases que los que van a la escuela estatal, la diferencia es irrecuperable”.

Mario Almirón, secretario general de SADOP, opinó que “el que decide en este caso tener conflicto es el ministro, porque no quiere ni cede en la negociación. La inflación y los tarifazos han erosionado de manera significativa el poder adquisitivo de los docentes”.

Hubo cerca de veinte días, tras el receso escolar de invierno, para que Gobierno y sindicatos intentaran la posibilidad de un acuerdo que desembocara en una realidad diferente a la que seguramente mostrarán las aulas hoy. Pero fue un diálogo incapaz de aliviar el cortocircuito, por dos necesidades particulares que dejaron al margen a los alumnos: por un lado, la necesidad oficial de presentar un horizonte de desaceleración de precios en el que cualquier reclamo salarial viene enredándose en la misma telaraña; por el otro, las urgencias gremiales en el marco de una interna por ver quién es el primero en pescar en un río de conflictividad latente.

Si bien el impacto del paro está por verse hoy, en los papeles la apuesta sindical es grande, al punto de que los principales gremios universitarios también se sumaron a la medida de fuerza.

Sonia Alesso, jefa de Ctera, exigió ayer al gobierno que “tome conciencia” de la situación de los docentes que “están pidiendo medidas que protejan la educación pública”. Y advirtió: “Si no hay reapertura de paritarias el conflicto va a continuar”.