Lunes 13 de Mayo de 2024

JUDICIALES

18 de agosto de 2016

Cuarenta años de cárcel para los asesinos de Marina y Majo

Alberto Segundo Mina Ponce (33) y Eduardo "El Rojo" Rodríguez (39) fueron condenados, en un fallo unánime, a 40 años de prisión por los asesinatos de las mendocinas Marina Menegazzo (21) y María José Coni (22). La resolución de la corte de Santa Elena fue calificada de “ejemplar”.

En una jornada maratónica, los únicos dos imputados que había en la causa que investiga los crímenes de las amigas mendocinas muertas en Montañita escucharon los alegatos y luego la sentencia que los condenó a pasar casi el resto de sus vidas en prisión.

Según dijo Luis Juez, embajador de Argentina en Ecuador (ha seguido el caso de cerca desde conocidas las desapariciones), el Tribunal condenó a Mina Ponce por considerarlo autor y a Rodríguez como coautor.

Pese a la diferenciación de “roles”, los jueces fueron tajantes y les dieron a los acusados la reclusión mayor especial (según se llama en el Código de ese país) de 40 años.

La alta sentencia se debe a una sumatoria de los delitos que agravaron la situación de Mina Ponce y Rodríguez:  estaban acusados de doble homicidio agravado por alevosía, por despoblado y por aumentar el dolor de las víctimas.

Una vez que los condenados escucharon la sentencia (cerca de las 16, hora argentina), fueron trasladados a la cárcel Guayas, de Guayaquil, donde están alojados desde febrero pasado.

Mientras esto sucedía, las familias de las víctimas lloraban y se abrazaban ya que la condena fue una bocanada de aire fresco: para ellos hay más involucrados detrás de los homicidios. Y Mina Ponce y Rodríguez fueron parte de una cadena que quieren que se desarme.

“Es la primera parte de una larga investigación”, se oyó decir después de que se conociera la sentencia condenatoria.

“Hoy se hizo justicia. No me siento feliz porque nada me devuelve a mi hija”, dijo ante las cámaras de televisión Gladys Steffany, madre de María José Coni. 

En el debate también estuvieron los familiares de Rodríguez: ellos también lloraron pero de impotencia porque aseguran que su pariente nada tiene que ver con los homicidios.

 

 

El turno de los abogados

Previo a la sentencia, los representantes de cada una de las partes tuvieron su turno de hablar ante el tribunal formado por los jueces Rosario Franco Jaramillo, Daniel Rodríguez y Kleber Franco.

Ponce fue defendido por los abogados Héctor Vanegas Cortázar y Milena Zambrano, mientras que "El Rojo" por Joselito Argüello, quien pidió en sus alegatos que se declarara nula la actuación de los tres fiscales que pasaron por la causa y que se condenara como culpable a Mina Ponce y a Rodríguez inocente, ya que, según su criterio, a su defendido no se lo podía involucrar con ninguna de las pruebas incorporadas en el expediente.

Sin embargo, frente a esto, la fiscalía aseguró que Rodríguez fue cómplice de Mina Ponce ya que él llevó a las chicas a la casa donde fueron asesinadas y luego borró "rastros" de ADN que podían complicarlo.

La fiscal María Coloma fue contundente: consideró a Rodríguez y a Mina Ponce cómplices. Eso mismo opinó,  a su turno, Hernán Ulloa, el querellante.  

En el caso de Ponce, su defensa no negó su participación en el hecho pero solicitó una pena mínima haciendo hincapié en que no fue el autor material e insistió, tal lo había hecho su defendido un día antes, que “el Chamo” (un venezolano detenido por venta de drogas) tuvo una participación activa en el doble crimen.

Para el tribunal (que reunió varias pruebas y testimonios), la autoría material no estuvo en ningún momento en duda. Durante los alegatos se aseguró que el motivo del ataque no fue otro que sexual. 

La previa

El juicio comenzó el martes de la semana pasada y tuvo una rápida resolución. 

Un día antes de los alegatos y la sentencia, los acusados dieron su testimonio; Rodríguez dijo ante el tribunal  que nunca les hizo “nada a las chicas”, mientras que Mina Ponce aseguró que el Chamo lo obligó a cometer el hecho ya que si no cumplía (Chamo) “daba luz verde para que desaparecieran mi mamá y mi hija”. 

A casi todo el juicio, los acusados lo siguieron por videoteleconferencia dado que la cárcel está a una buena distancia de Santa Elena y que además se preservó su seguridad.

 

El caso desde el comienzo

22 de febrero: Majo y Marina hablan por teléfono y anuncian que al otro día emprenderán el regreso a Mendoza.

24 de febrero: las autoridades encuentran el cuerpo de María José, pero el hallazgo no es reportado.

28 de febrero: los restos de Marina son hallados a 40 metros de donde encontraron los de su amiga, lo que lleva al ministro del Interior a anunciar, por Twitter, la muerte de las jóvenes.

29 de febrero: las autoridades ecuatorianas confirman la detención de Alberto Segundo Mina Ponce y Aurelio Eduardo “Rojo” Rodríguez.

3 de marzo: peritos de la Policía Federal colaboran en la identificación de los cuerpos y pese a que las autoridades ecuatorianas no les permiten tomar registro de las huellas dactilares de los cuerpos, al regreso confirman las identidades.

10 de marzo: los cuerpos son sometidos a un peritaje toxicológico y dos días después es removido el fiscal de la causa Eduardo Gallardo. Nombran en su lugar a María Coloma.

15 de marzo: los abogados que representan a las familias mendocinas hablan de estar ante "un móvil sexual que podría haber sido ayudado por el uso de droga".

17 de marzo: es detenido con algunos gramos de droga, José Miguel “El Chamo”, el venezolano acusado por Mina Ponce como autor de los crímenes.

30 de marzo: 37 días después, las familias Menegazzo y Coni emprenden el regreso al país.

25 de abril: comienza la reconstrucción del crimen, utilizando tecnología 3D, instancia judicial que se extendió hasta el 29.

28 de abril: el juez de Manglaralto, David Balladares, eleva a juicio el asesinato de las mendocinas bajo la línea de investigación presentada por la fiscal del caso, María Coloma Pazmiño, quien apunta contra el vigilador comunal como autor y su amigo como coautor, imputados por “doble homicidio agravado”.

29 de abril: las familias de María José y Marina presentan una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir al Estado de ese país “una investigación seria”.

30 de abril: el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, publica en su cuenta de Twitter que se “inició una segunda investigación en el caso de las ciudadanas argentinas ante los indicios de una posible participación de otras personas”.

8 de agosto: comienza, en la ciudad de Salinas, el juicio contra los dos imputados.

17 de agosto: los dos acusados reciben condenas de 40 años.

Fuente Los Andes Mendoza

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