Así lo consignó en una ampliación de denuncia presentada en el marco de la causa Los Sauces, en la cual asegura que “en forma paralela, Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado”.
“Lisa y llanamente se trata del delito de cohecho en su expresión más burda”, asevera el texto que la diputada del GEN presentó el viernes a última hora ante el juzgado de Claudio Bonadio, la misma jornada en la que el magistrado ordenó la realización de allanamientos en administraciones de departamentos de la ex mandataria en Puerto Madero y el barrio porteño de Constitución.

En esa ampliación de denuncia, la legisladora acusa de presunto “cohecho” a la ex presidenta y advierte la existencia de “un acuerdo” consistente en “la entrega continua de dinero por parte de Lázaro Báez a través de sus empresas a la entonces presidenta, a través de sus empresas, a fin de que le sea otorgada obra pública” y en un marco de “omisión funcional”, es decir de “carencia de control por parte de organismos públicos”.

Como parte de la prueba que aporta a la investigación que se encuentra en manos del juez Claudio Bonadio, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo, se incluye un informe de la Unidad de Auditoría Interna de Vialidad Nacional que señala que, durante las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, las empresas de Lázaro Báez obtuvieron “el 80 por ciento de las licitaciones de obras de la provincia de Santa Cruz”.

“Se trata en total de 51 obras que representan un valor de 16.386 millones de pesos, de las cuales sólo se han finalizado 24 y por las cuales, hasta diciembre de 2015, las empresas del Grupo Báez habían cobrado cerca de 9.037 millones de pesos”, consigna la denuncia a la que tuvo acceso Télam.
En ese marco, indica que el 70 por ciento de esas obras “fueron adjudicadas durante los mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner”, es decir entre el 2007 y el 2015.

Además, en la ampliación de la denuncia sobre Los Sauces, la presentación realizada por Stolbizer con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez ejemplifica la “burda operatoria” con el caso de las obras correspondientes a la ruta provincial 47, que une la ruta 3 con Puerto Deseado, la cual -afirma “es la más cara del mundo”.

“El primer tramo se adjudicó en la suma de 618.356.032 pesos y el segundo en la suma de 613.430.468 pesos. Estas cifras crecieron sin límite durante esos años y, a fines del 2015, la obra total tenía un valor de 2.345 millones de pesos por tan sólo 200 kilómetros. Se trata de la obra más cara que se
conozca a nivel nacional y hasta del exterior”, remarca.
En este sentido, el escrito presentado ante Bonadio consigna que, en uno de los tramos, la empresa favorecida fue Kank y Costilla y, en el otro, Austral Construcciones, ambas del Grupo Báez.

“El tramo adjudicado a Kank y Costilla tiene un avance de sólo el 28 por ciento, no obstante lo cual a la empresa ya le fue abonado la suma de 367.200.471 millones de pesos”, agrega.
En tanto, “el tramo adjudicado a la empresa Austral Construcciones avanzó el 25 por ciento y fue ejecutada la suma de 264.573.835”.

“Sin embargo, es muy poco el trabajo que se hizo y nos encontramos con zonas en pésimas condiciones, alcantarillas de mala calidad y destruidas, y pavimento roto”, asevera la denuncia de la diputada.
Además, en su presentación, la legisladora sugirió a Bonadio que cite a prestar declaración testimonial a Ramón Angel Díaz Díaz, un jubilado de 68 años que vive en el Calafate y que fue el único empleado que la empresa Los Sauces -actualmente perteneciente a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia- tuvo hasta marzo pasado.

Por otro lado, la diputada solicitó al magistrado ser incorporada en la causa como “amicus curiae” (amigo del tribunal), con lo cual puede aportar información y pruebas aunque sin ser querellante.
Lázaro Báez se encuentra detenido desde el 5 de abril pasado en el marco de una causa que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, en la que se lo investiga por presuntas maniobras de lavado de dinero.