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28 de diciembre de 2015
Miguel de Godoy se hace cargo del Afsca
Luego que el a última hora del jueves Martín Sabatella, ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue desalojado del edificio por una orden del juez federal Julián Ercolini, este lunes comienza la intervención en el organismo: estará a cargo del legislador macrista Agustín Garzón.
Garzón se presentará hoy en Suipacha 700 con Miguel de Godoy, quien será el próximo presidente de la entidad, y cumplirá así una orden directa del presidente, que lo nombró por decreto. Su función será auditar detalladamente los libros contables y las cuentas bancarias, como parte de un proceso de revisión que Mauricio Macri ordenó en todas las dependencias estatales.
El desalojo y la resistencia del kirchnerismo a dejar el edificio El jueves 24 de diciembre, el juez federal Julián Ercolini ordenó desalojar las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), donde resistían funcionarios que dependen de la vieja conducción de Martín Sabbatella. El operativo se llevó a cabo esta tarde e incluyó una fuerte discusión entre Sabbatella y los efectivos policiales, ya que el ex funcionario se negaba a dejar el edificio. Luego de más de una hora, Sabbatella finalmente abandonó el lugar y mantuvo un contacto con la prensa. En sus declaraciones, el ex funcionario cargó contra Ercolini y el Poder Judicial. Sin embargo, la salida de Sabbatella fue sólo un amague.
El funcionario kirchnerista luego volvió a entrar al edificio y exigió que la Policía que desalojaba el organismo por orden del juez Julián Ercolini haga constar en el acta que lo resuelto por el magistrado implica la suspensión de la Ley de Medios. Según detallaron fuentes del Afsca, en el acta quedó escrito el reclamo de Sabbatella.
El argumento de Sabbatella para negarse al desalojo era que la orden de Ercolini suspendía "una ley de la democracia declarada inconstitucional por la Corte Suprema" en referencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sentenció: "Yo quiero saber quién es el responsable del edificio, de la aplicación de la Ley y de las tareas que tiene que hacer el organismo".
La orden de Ercolini respondió a un pedido del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, quien imputó a Sabbatella ante la presunta comisión de los delitos de "resistencia a la autoridad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". El dictamen fiscal también solicitaba garantizar el orden público y resguardar los bienes del Estado.
Ercolini pidió intimar a las personas que se encontraban en el lugar a "retirarse por sus propios medios inmediatamente del edificio" y eventualmente disponer su desalojo. El juez dispuso las medidas que calificó de "urgentes" para "asegurar y preservar" los bienes de la Afsca ya que podían "estar en riesgo", lo mismo que "documentación relativa al organismo y hasta tanto se resuelva la cuestión por los canales políticos y judiciales competentes".
La causa judicial se inició por una denuncia presentada en la tarde del miércoles por Agustín Garzón, el hombre elegido por Macri para conducir la Afsca durante la intervención de 180 días. La decisión del Poder Ejecutivo generó un fuerte rechazo de diputados y senadores del Frente para la Victoria, que no se guardaron de manifestar en público su desacuerdo. Al mismo tiempo, Sabbatella presentó dos amparos para frenar los efectos del decreto.
Pero Ercolini tuvo en cuenta que "ha sido de conocimiento público, dadas las diversas declaraciones realizadas desde la sede de la Afsca a distintos medios de comunicación por el licenciado Martín Sabbatella, tanto hoy como en la víspera, que se opondría al acatamiento de la medida dispuesta en el decreto mencionado y que esperaría en su oficina hasta que la cuestión fuera resuelta judicialmente".
Paralelamente se tramita un amparo que presentó Sabbatella contra el decreto que ordenó la intervención de la Afsca y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) por 180 días y designó sus interventores.
Ese expediente está a cargo de la jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, quien ya comenzó a tramitarla al ordenarle a los abogados de Sabbatella cumplir con la acordada 7/94 que la obliga a presentar una serie de requisitos formales. Sabatella le solicitó a la Justicia que dicte una medida cautelar que suspenda la aplicación del decreto 236.
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