El krichnerismo avanzó en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, sin la presencia de Juntos por el Cambio, con una audiencia en la que trataron los pliegos de 10 jueces cuyos traslados objetan por considerarlos irregulares. Los nombres más importantes son los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal de Comodoro Py, un tribunal por el que pasan todas las causas de corrupción a funcionarios públicos y empresarios, quienes decidieron no participar de la sesión y la impugnaron. El oficialismo decidió firmar hoy mismo un dictamen para rechazar sus traslados por su “desprecio” a la convocatoria. Para que se efectivicen deberían llevarse al recinto no antes de los 7 días ya que el Frente de Todos sólo tiene mayoría simple y no los dos tercios de los votos. Tampoco asistió Germán Castelli, cuyo pliego se rechazará.

Fue el senador de La Cámpora Matías Rodríguez, de Tierra del Fuego, quien propuso directamente el rechazo de los pliegos sin el tratamiento que darán a los otros siete que quedaron en análisis.

Bruglia y Bertuzzi recibieron vía mail varias observaciones del empresario Gerardo Ferreyra y del ex vicepresidente Amado Boudou. “Coincido con Matías Rodríguez y tenemos que emitir hoy mismo un despacho de rechazo”, pidió José Mayans, jefe del bloque de senadores del Frente de Todos.

Los otros jueces objetados que sí participaron en forma remota de la audiencia son Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.

La audiencia arrancó puntualmente a las 10:30. Anabel Fernández Sagasti hizo leer la nota que enviaron los senadores de Juntos por el Cambio reclamando la “nulidad” de la misma. En señal de manifiesto rechazo, esa bancada se ausentó.

“Nos estamos acostumbrando a que traten de impugnar comisiones cuando no les gustan los temas que se tratan”, se quejó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos y titular de Acuerdos, la cristinista Anabel Fernández Sagasti.

Tras escuchar las presentaciones de los siete jueces conectados a la teleconferencia, los senadores oficialistas se dedicaron a los pliegos de los jueces a los que cuestionan sus traslados pero que consideran autores de “persecución” judicial contra el kirchnerismo.

Se detuvieron especialmente en el primero, Bruglia. Fernández Sagasti comentó que el jueves 3 a las 20:04 ingresó a la comisión un correo electrónico informando que no concurriría, “lo que demuestra que nuestra vía de comunicación funciona”, ironizó la cristinista sobre un cuestionamiento de la oposición de Juntos por el Cambio sobre la saturación de las vías de comunicación.

Oscar Parrilli, que hizo preguntas a cada juez, pidió además que se remitan los casos de los ausentes al Consejo de la Magistratura para que analice si deben ser sancionados por no cumplir “con la manda constitucional”. “Esta actitud anticonstitucional y antidemocrática debe ser evaluada por el Consejo de la Magistratura para evaluar si deben tomar una medida disciplinaria o un llamado de atención”.

Bruglia es integrante de la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal que revisa las investigaciones de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, e intervino en la causa de los llamados “cuadernos de la corrupción”. Bertuzzi integra la Sala I de la Cámara Federal y también intervino en el caso de los cuadernos, mientras que Castelli, cuyo caso apenas se mencionó, es juez del Tribunal Oral Federal 7 que tiene para juzgar a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el mismo caso y al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido por el caso de Río Turbio.

Cuando Fernández Sagasti informó sobre las ausencias, Mayans se mostró sorprendido. “¿Están diciendo que no están dispuestos a cumplir con el procedimiento?”. “Entendió bien”, respondió su vice en el bloque, tras lo cual varios kirchneristas se despacharon en contra de los jueces. Parrilli, por ejemplo, consideró que “está quedando a las claras la arbitrariedad y manipulación, está tratando de permanecer en un cargo en forma ilegal”, apuntó a Bruglia. Luego lo acusó de “persecución política en sus fallos”. Y cerró: “Con esta actitud, a confesión de partes, relevo de pruebas”.

En la previa y en un largo texto, los senadores Luis Naidenoff, Humerto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Oscar Castillo y Ernesto Martínez denunciaron que el proceso no cumple el “complejo control de constitucionalidad” y rechazaron la modalidad de teleconferencia.

“No se encuentra prevista en el reglamento”, indicaron los legisladores que, resaltaron que en caso de modificarse se requieren las dos terceras partes de los integrantes de la cámara. Por lo tanto “no es legítima, es improcedente e ilegalmente nula”, aseguraron.

También citaron la saturación de las casillas previstas para que se envíen las citaciones y alertaron de que no se cumplieron los 15 días requeridos para la convocatoria.

Además cuestionaron la decisión del Consejo de la Magistratura de remitir los pliegos de la decena de jueces al Poder Ejecutivo que a la vez los remitió al Senado, donde se les dio ingreso luego de desoír un fallo judicial en contrario. Este mismo jueves los senadores oficialistas aprobaron una resolución con la que volvieron a manifestar su rechazo a una cautelar. “El plenario del Consejo de la Magistratura es de nula, nulidad absoluta”, destacaron en la nota, y reiteraron que la revisión de traslados impulsada por el Gobierno es “un mecanismo encubierto de remoción de magistrados” que traerá “graves consecuencias institucionales”.

Tras la rápida lectura por parte de la secretaria, Fernández Sagasti pidió disculpas a los siete jueces presentes y rechazó los argumentos opositores.

José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, y el chubutense Mario Pais defendieron la audiencia y recordaron que con la misma modalidad se realizaron las audiencias de acuerdo para algunos embajadores políticos cuyos pliegos incluso fueron votados por unanimidad en el recinto.

El primero en defender su caso fue el juez del Tribunal Oral de Resistencia, Chaco, Juan Manuel Iglesias. Trasladado allí en octubre de 2017 desde el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, habló desde su domicilio: tiene COVID-19 leve.

Desde su despacho en Chaco, Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal 1 de Resistencia a cargo de la Justicia electoral, dijo: “Soy jueza por concurso; si tuviera que encargarme del juzgado número 2 tampoco sería un problema, no siento que en ningún momento haya violado ningún tipo de ley ni tampoco que haya puesta por favor. Entendí que era legítima”. Y agregó: “Estoy a consideración de ustedes; si esto le va a dar mayor legitimidad y puede ayudar a que el Estado sea fuerte y la sociedad pueda confiar más en nosotros, bienvenido sea”. Niremperger procesó y dictó la prisión preventiva de Aída Ayala, diputada nacional, ex funcionaria de Mauricio Macri y referente de la UCR en Chaco, por lavado de dinero. También investigó al ex gobernador de la provincia Domingo Peppo, adversario del actual gobernador Jorge Capitanich. Le preguntaron si no había sido trasladada muy rápidamente y contestó que considera que el espíritu de las regulaciones aplica para traslados inmediatos o para casos en que, por ejemplo, se nombre a alguien por concurso en un juzgado alejado, de fácil acceso, para luego ser trasladado a Comodoro Py.

Federico Villena, el juez que investigó, hasta que fue apartado, el supuesto espionaje ilegal durante el gobierno anterior sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros dirigentes políticos de Cambiemos y del peronismo, celebró la audiencia. “Festejo la premura con la que se convocó”, subrayó, porque consideró necesario el “consenso general”. Calificó como “excepcionales” los traslados y plausibles de cuestionamientos. Luego cometió un furcio. Dijo que la audiencia permitirá a los jueces tener “servid...” y rápidamente corrió por “certidumbre”.

El kirchnerista Oscar Parrilli fue uno de los senadores más activos. A todos les preguntó su opinión sobre el pago del impuesto a las Ganancias, sobre la edad jubilatoria, si tuvieron causas por intervenciones telefónicas, y llamativamente también les consultó si realizaron cursos en Estados Unidos. En la última sesión justamente había apuntado con duras críticas al presidente Donald Trump y a la embajada de ese país en Argentina. José Mayans y algún otro senador pidieron opinión sobre la reforma judicial que impuso el kirchnerismo en el Senado y sobre la creación de nuevos cargos.

Participó en forma remota Enrique Velázquez. El suyo era el traslado más antiguo que se cuestionó, en enero de 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde cuando pasó del Juzgado de Instrucción 36 al de Menores 7. Y la misionera María Verónica Skanata, que en septiembre de 2015 fue trasladada del Juzgado Federal de Oberá, en Misiones, al Juzgado Federal 1 de Posadas, que tiene la competencia electoral de la provincia. La crítica es que no concursó para la competencia electoral y que el traslado no tuvo acuerdo del Senado. Además se presentó Esteban Hansen, que fue traslado en diciembre de 2018 del Juzgado Federal de Libertador General San Martín, en Jujuy, al Juzgado Federal 1.

Otro momento de tensión fue la justificación del juez Eduardo Farah. El mismo solicitó su traslado a la Sala I de la Cámara Federal tras ser cuestionado por el macrismo. “Hubo presiones de todo tipo”, denunció. “Estoy shockeado, estoy más preocupado de lo que estaba”, arrancó el senador más cercano a Cristina Kirchner. “Espías, espionaje, mesa judicial y esta especie de apriete y persecusión”, apuntó Parrilli desde Neuquén en un largo intercambio con el juez.

“Escuchamos que lo presionaron y por eso pidió el traslado, y lo reemplazó este juez. Es una maniobra perfecta, un combo perfecto”, se quejó antes de que Mayans manifestara que “obviamente no podemos dar el acuerdo” en referencia a los tres ausentes: Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli.