El Gobierno de la Provincia revisará la totalidad de las designaciones realizadas en el ministerio de Educación y en caso de detectar y comprobar hechos delictivos, se avanzará con denuncias para dar intervención a la Justicia Penal.

En una presentación realizada días pasados, la intersindical docente solicitaba informes sobre designaciones y otorgación de horas cátedra, y detallaba una serie de casos en que los beneficiados habrían sido funcionarios y allegados a éstos. Esto generó la determinación del gobernador Raúl Jalil de rever todos los nombramientos que se efectuaron en la cartera educativa.
Ayer, el mandatario provincial se reunió con el ministro de Educación, Francisco Gordillo, y la asesora general de Gobierno, Fernanda Rosales, para analizar la situación de designaciones con irregularidades de personal docente.

La decisión de revisar todos los expedientes obedece a que en análisis riguroso de la situación, se detectaron varias irregularidades en los procesos de designación.

Al respecto, Rosales señaló: “Hemos encontrado falencias en los procesos de designación que son materia de estudio y análisis en este momento. En los casos en los que se constaten irregularidades, directamente se procederá con la baja por encontrarse fuera de la ley y decretos reglamentarios”.

Por otro lado, la asesora general de Gobierno enfatizó que en los casos referidos se iniciarán los correspondientes sumarios administrativos a las personas responsables de las designaciones.

En idéntico sentido, Rosales aseguró que si del resultado de la investigación general surgiera la existencia comprobada de hechos delictivos, se avanzará con denuncias para dar intervención a la Justicia Penal.

Nuevo pedido

Ayer, la intersindical docente, integrada por Ateca, Suteca, UDA, Sidca y Sadop, realizó una nueva presentación por las designaciones en la cartera educativa. En el escrito, consideran que las irregularidades que habrían ocurrido representa un claro perjuicio a la Administración Pública, al tiempo que detallan la “maniobra irregular” que operaba entre la dirección de Recursos Humanos y dirección de Modalidades, junto a funcionarios de la dirección de Adultos y Modalidades.

En el documento manifiestan: “Habiendo tomado conocimiento a través de redes sociales y existiendo preocupación de nuestros afiliados, docencia en general como así también de esta intersindical sobre las existencia de designaciones y cargos y/o horas cátedras violentando el principio de ‘publicidad conforme a le reglamentación vigente de coberturas de cargos docentes  denotando un claro ardid utilizado por funcionarios y/o ex funcionarios que se traduce en un claro perjuicio de la administración pública” (sic).

En la nota, señalan: “La maniobra irregular operaba entre la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Modalidades y no pudiendo ser el Ministerio ajeno a esta situación; en este sentido, se manipulaba la información obrante en Recursos Humanos sobre cargos vacantes y en contra de las disposiciones del Sr. Gobernador, omitiendo la normativa que rige el sistema de actas docentes se cubrían cargos en convivencia con funcionarios de le Dirección de Adultos y Modalidades (instructores de : pintura, manualidades, cocina, herrería, etc.) siendo estos cargos otorgados a familiares del personal del Ministerio de Educación y punteros políticos de este Gobierno, lo que claramente refleja un rechazo por parte de le Intersindical Docente y docencia en general, a no ser cómplice de este accionar de carácter delictivo, antiético y en contra de le correcta administración de le justicia administrativa” (sic).

Los representantes sindicales también señalan que habría designaciones de gabinetistas realizadas por la secretaría de Gestión Educativa, conducida en su momento por Miguel Arroyo, “que solo pueden ser realizadas por decreto, según lo establece la normativa vigente, por lo que bajo apercibimiento de hacer la denuncia ante la justicia y el Tribunal de Cuentas, lo que conlleva vuestra responsabilidad, solicitamos reencauzar esta situación”.

En otro parte del escrito, indican: “A modo de conclusión, solicitamos se realice una auditoría interna a los fines de deslindar posibles responsabilidades de todas las altas realizadas de esta gestión que sean fuera de las asambleas de opción de cargos, haciendo hincapié en las direcciones de Adultos y Modalidades, Educación Rural, entre otras. Hace a los deberes de funcionario público observar y hacer observar las leyes vigentes”.