El fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, presentó este lunes por la tarde una denuncia penal ante el juez federal de turno para que se investigue la millonaria compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social que generó la renuncia de 16 funcionarios, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. En la presentación, el fiscal concluye que hubo una compra dirigida a un grupo reducido de empresas que están “en manos de dos o tres grupos de oferentes”.

Rodríguez venía trabajando en una investigación preliminar a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez. Tal como había contado Infobae, el fiscal le tomó declaración a cuatro productores de las marcas mencionadas en la polémica compra. Todos confirmaron diferencias de “al menos 60 por ciento” entre los valores de sus productos y los precios ofrecidos por los proveedores del Estado.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Infobae, el fiscal pide que se investigue la responsabilidad que podrían haber tenido cada uno de los funcionarios que intervinieron en la compra de más de 543 millones de pesos, incluyendo al ministro Daniel Arroyo, y también la eventual responsabilidad de las empresas.

La denuncia ahora quedó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Guillermo Marijuán. ambos de turno.

El fiscal Rodriguez solicitó que se tomen medidas de pruebas urgente y que se habilite la feria extraordinaria dispuesta por la Corte Suprema “en mérito de la gravedad institucional de los hechos denunciados y su impacto social”.

Para el fiscal, con lo elementos reunidos hasta ahora hay indicios fuertes que hubo sobreprecios y un perjuicio patrimonial para el Estado. “Conforme los términos de la denuncia presentada ante esta Procuraduría, como así también del análisis de los expedientes administrativos, emerge que estas contrataciones fueron adjudicadas a distintas firmas, las cuales, en general, cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación, y dejando de lado los precios máximos de venta establecidos por el propio Estado Nacional, ocasionando de esta manera un eventual perjuicio patrimonial al mismo”, dice la denuncia.

El escándalo de los sobreprecios provocó la renuncia de 16 funcionarios de Desarrollo Social. El principal apuntado, hasta ahora, es Gonzalo Calvo, que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica. Arroyo decidió poner en ese lugar a Erika Roffler, una funcionaria de su confianza que venía trabajando como jefa de su gabinete. Su segundo será Gustavo Aguilera, cercano al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.

En los últimos días también fue desplazado el hasta ahora director de Compras y Contrataciones, el contador Mariano Rueda, por lo que la lista inicial de 15 se amplió a 16.

Al mismo tiempo, el Gobierno decidió descentralizar la compra de alimentos para que puedan acceder los productores en forma directa y anunció que las nuevas compras no podrán superar los precios máximos mayoristas. La decisión política es limitar al máximo la participación de los proveedores, algunos de los cuales vienen haciendo negocios con todos los gobiernos en las últimas dos décadas.

Desarrollo Social había invitado a once empresas pero solo se presentaron seis empresas, cinco de las cuales no son productores de alimentos. Todas fueron adjudicadas. Solo hubo desestimaciones parciales de productos o marcas ofrecidas, una situación que también genera sospechas.

Dos de las empresas adjudicadas, Teylem y Forain, pertenecen al llamado "Grupo L”, un conglomerado de empresas del empresario Víctor Lusardi y sus hijos. Otras dos empresas que ganaron la compra cuestionada tienen vínculos estrechos: Sol Ganadera SRL, una de los proveedores históricos en la provincia de Buenos Aires, tiene su sede en la misma dirección que Alimentos Generales SA: Avenida Corrientes 1327 piso 4. Y la quinta empresa beneficiada es Copacabana SA, que pertenece a varios integrantes de la familia Assisa.

Sobre los vínculos entre las firmas adjudicadas, el fiscal Rodríguez fue muy claro “Se aparenta haber invitado a una gran cantidad de empresas, de hecho primero se sugieren once firmas y después se invita a diez de ellas sin haber justificado por qué en todas las contrataciones no se incluyó a la firma Los Agro Andino S.A. como fuera sugerido por el sector requirente, pero en definitiva, cuando se traspasa el velo de los nombres societarios se advierte que en realidad se estaba invitando a tres o cuatro manos por decirlo de algún modo”.

Los proveedores del Estado justificaron las diferencias de precio por las demoras en el pago. Sin embargo, según reveló Infobae, el pliego de los alimentos preveía un plazo de pago de apenas “15 días corridos desde la entrega de la mercadería”.