La Ley de Emergencia Económica aprobada por el Congreso todavía no se promulgó y ya hay quienes pronostican una ola de juicios contra el Estado a raíz de la suspensión de la movilidad jubilatoria. La medida, que forma parte de la mencionada normativa, implica la suspensión por 180 días de la fórmula de actualización establecida por Mauricio Macri, que mezcla inflación y salarios.

Si bien es cierto que el Gobierno otorgará bonos de $5000 en diciembre y enero para los jubilados que cobren la mínima, y que tal como confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, regímenes especiales como los docentes, docentes universitarios, científicos y jubilados de privilegio quedarán exentos de la suspensión e incluso podrán percibir subas trimestrales por decreto, el resto no recibirá la actualización correspondiente de sus haberes.

En diálogo con TN, el defensor de la tercera edad, Eduardo Semino, abordó esta situación y anticipó que hará una presentación ante la Justicia una vez que la ley sea promulgada.

"Más allá de la suspensión, en ningún caso el Poder Ejecutivo puede pagar índices menores a los que ya están consolidados para el primer semestre del año que viene", expresó.

De esta forma, argumentó que, aún con la eliminación de la fórmula, el Estado está obligado a asegurarle a todos los jubilados un aumento igual o mayor al que ya fue establecido para los meses de diciembre y marzo.

Además, Semino advirtió que el riesgo de que se genere un "achatamiento" en las jubilaciones de aquellas personas que cobran más de la mínima es que, tal como pasó entre el 2002 y el 2006, se promueva un "escenario de altísima litigiosidad".

Por este motivo, adelantó que realizará una "presentación judicial por inconstitucionalidad" contra la suspensión de la movilidad jubilatoria planteada por la Ley de Emergencia Económica. "Tenemos que esperar la publicación. Va a ser muy difícil llegar antes de la feria. Por eso, lo más probable es que se haga en los primeros días de febrero", aseguró.