La crisis por la que atraviesa empresa Caminos S.A, que tiene a cargo la fábrica de ALCO ubicada en Sumalao, parece no tener fin. Ayer, el área de Recursos Humanos de la empresa notificó de manera verbal a 24 trabajadores que estaban despedidos y que apenas recibirían una indemnización del 50 por ciento a pagarse en 30 cuotas.

Conocida la noticia, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) se presentó en planta y junto a los trabajadores decidieron una medida de fuerza, que consiste en el bloqueo del ingreso a la fábrica por tiempo indeterminado.

En diálogo con LA UNION, el tesorero del STIA, José Ocampo, explicó que la empresa adujo que debía reestructurar la planta de empleados en el marco del proceso preventivo de crisis, que presentó el jueves de la semana pasada ante la Dirección de Inspección Laboral (DIL).

Sin embargo, el gremialista indicó que Camino S.A no podía avanzar con despidos enmarcados en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que el organismo aún no había aprobado ese proceso solicitado por la empresa. De acuerdo a ese artículo, la empresa estaría autorizada a pagar la mitad de la indemnización.

“El procedimiento preventivo la DIL no lo aprobó porque en ningún momento se expidió. O sea, antes de que la DIL se decidiera por sí o por no, la empresa lleva adelante los despidos a la gente y luego quiere pagar el 50 %”.

 
Informada del conflicto, la DIL dictó la conciliación obligatoria para que no se efectivicen los despidos que no se realizaron por carta documento como marca la ley, pero ninguna de las partes la acató y hasta anoche seguía el bloqueo de la fábrica por parte de los trabajadores. “La empresa se negó que la gente entrara a trabajar. Es por eso que nosotros no acatamos la medida de la DIL y continuamos con la medida de fuerza porque la empresa no dio lugar a que la gente ingrese a trabajar y tampoco a que se negocie, en el transcurso que dure la conciliación obligatoria, un acuerdo que sea favorable para los compañeros”, manifestó Ocampo y dejó en claro que “estamos solicitando que la empresa le pague lo que realmente corresponde a los trabajadores, que es el 100 %. De no ser así, seguiremos con la medida de fuerza”.

Hasta ayer, la planta de ALCO en Sumalao contaba con 120 trabajadores que con los 24 despidos se disminuyeron a 96. Entre los despedidos había empleados con una antigüedad que iba desde los 15 hasta los 30 años.

Temor a más despidos

Ocampo explicó, además, que desde el área de Recursos Humanos justificaron los despidos, señalando que había una superpoblación de empleados y que con 30 o 40 trabajadores la planta podría funcionar “más que bien”.

“Así que uno ya está pensando en que hay gente de más y que, probablemente, en los próximos días o meses, la empresa irá a tomar una medida similar.