En medio de marchas y contramarchas judiciales que estuvieron a punto de cancelar el juicio y tras el anuncio de que será candidata a vicepresidenta, arranca este martes al mediodía el primer juicio oral y público contra Cristina Kirchner. La ex presidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a favor de Lázaro Báez, su ex socio comercial y amigo de Néstor Kirchner. Será una audiencia por semana, en principio, y se estima que durará más de un año. Una de las novedades en el juicio es que el ahora candidato a presidente kirchnerista Alberto Fernández será uno de los testigos clave del juicio. Fue presentado por la ex presidente y atestiguará en favor de Cristina.  

Cristina Kirchner junto a otros doce imputados, entre ellos gran parte de quienes integraban el extinto ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad, enfrentará  el primero de los cinco juicios orales que tiene en su contra. 

El juicio se desarrollará en la Sala AMIA, la de mayores dimensiones de los Tribunales de Comodoro Py, y estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, con la magistrada Adriana Palliotti como suplente.

El juicio correrá en paralelo a la campaña electoral. En principio habrá una audiencia semanal fijada para los lunes, pero tras la feria judicial de invierno, los acusados deberán afrontar dos audiencias semanales.

De algo ya no hay duda, y es que la ex presidenta asistirá a la primera audiencia -obligatoria para cualquier imputado-, y deberá estar presente además cuando inicie la ronda de las indagatorias, algo que podría ocurrir a mediados de julio siendo ella la primera de los trece procesados, en sentarse en el estrado para declarar.

Después vendrá el turno de los testigos, y será allí cuando será citado su compañero de fórmula, Alberto Fernández, por haber sido responsable de las leyes de presupuesto que asignaron partida para la obra pública. También Cristina pidió como testigos a sus otros ex jefe de Gabinete. Estarán Aníbal Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. Entre los empresarios estarán el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Enrique Eskenazi y Eduardo Eurnekian.

En la Sala de audiencias, estarán además de los acusados y sus abogados defensores, la fiscalía ante el Tribunal a cargo de Diego Luciani y las querellas en representación del Gobierno, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). 

En primera fila, se estima, se encontrará Cristina Kirchner junto a Carlos Beraldi su abogado defensor. En la fila detrás se analiza ubicar a las personas procesadas en esta causa y que se encuentran detenidas. Julio De Vido (ex ministro de Planificación), José López (ex secretario de Obras Públicas), Lázaro Báez (dueño del Grupo Austral). Todos ellos se encuentran con prisión preventiva en otros expedientes por corrupción, sólo Carlos Santiago Kirchner (primo político de la ex Presidenta) está detenido en la causa de Vialidad Nacional. 

Se trata de una de las principales causas por corrupción en contra de la senadora, en los Tribunales de Comodoro Py. El expediente elevado por el juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, cuenta con 60 cuerpos, más de 70 cajas de documentación y todos los expedientes de los 52 contratos viales que recibió Lázaro Báez desde 2005 a 2015 como dueño del Grupo Austral.

Lo primero que hará el TOF 2 cuando arranque el juicio será tomar asistencia a todos los imputados acompañados de sus abogados defensores. Posteriormente, la secretaría ante el Tribunal iniciará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Pollicita y Mahiques que consta de 600 páginas. Según fuentes judiciales, la lectura de la acusación contra la ex presidenta, el empresario K y los ex funcionarios vinculados a la obra pública, demandará más de cuatro audiencias.

La acusación que escuchará Cristina, sostiene -según los fiscales-, que se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, se "montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz", lo que representó la contratación del Estado "en favor de Lázaro Báez" por más de $ 46.000 millones".

De esta manera, para la fiscalía, se configuró un esquema "de beneficios exclusivos" para el dueño del Grupo Austral quien se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner". A los ex presidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra" y de "erigir a su amigo personal" -Lázaro Báez- como contratista del Estado.

Para el desarrollo de este juicio, el TOF 2 fijó, en principio, un total de 160 testigos