Es que la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) decidió que a partir de este sábado los 200 centros de diálisis privados diseminados en toda la Argentina no recibirán a nuevos pacientes carecientes pertenecientes al Profe-Incluir Salud.

Darío Zapata, titular de la Cadra, quien aclaró que está garantizada la prestación de servicios a los beneficiarios de Incluir Salud que ya venían siendo atendidos en los centros privados (dejar de cumplir con esta obligación implicaría abandono de persona, explicaron profesionales a este medio).

En Santiago del Estero, desde la Asociación de Hemodiálisis y Trasplante Renal indicaron que no tomaron una decisión al respecto. Explicaron que la asociación selló un acuerdo directo con Incluir Salud sin la participación de la Cadra y que por ello no acogió a la decisión de no recibir a nuevos pacientes de este programa. Sin embargo, señalaron una situación límite ya que el último pago desde el Gobierno nacional a los centros de diálisis por el servicio a más de 200 santiagueños beneficiarios del Incluir Salud, data de marzo.

Agregaron que los centros de Santiago tienen que cubrir los gastos de traslado de los pacientes y que muchos habitan en localidades del interior, que están lejos de la capital.

Zapata expuso que hay una situación de quebranto en algunos centros debido a la deuda y también que no hay respuestas ante los reiterados reclamos de pago.

Indicó que en sendas cartas documento enviadas al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal; y al responsable del Profe, Pablo Atchabahian, los directivos de Cadra le pidieron una solución inmediata "para evitar consecuencias no deseadas".

Zapata aseguró que el desfinanciamiento que hoy sufren los centros de diálisis del país se debe, entre otros motivos, a la "insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones".

Incluir Salud-anteriormente llamado Profe- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos.

En el caso de la diálisis, se firmó un acuerdo por el cual el Estado deriva a los centros privados los pacientes carecientes y les paga por los servicios (las sesiones más el traslado).

LIBERAL de Santiago del Estero