Las denuncias sobre irregularidades se multiplicaron en distintos rincones del país, y motivaron una acción concreta.

Decidido a que los $31.000 millones que destinará este año a paliar el grave déficit habitacional que vive el país “llegue efectivamente a quienes lo necesitan”, el gobierno de Mauricio Macri decidió centralizar el control de los fondos que reciben los gobernadores para la construcción y el otorgamiento de viviendas sociales.

La novedad, que llega en línea con las medidas de “austeridad” y control del gasto tomadas por el Gobierno en las últimas semanas, fue transmitida ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el país, reunidos en San Juan en el contexto del Consejo Nacional de Vivienda.

Las irregularidades detectadas, y la necesidad además de sacar un rédito político en vísperas del crucial y decisivo 2019, confluyeron en el cambio de postura oficial.

“Viviendas que estaban previstas para aquellos que no pueden acceder a un crédito iban para gente de clase media o se utilizaban para hacer política. La idea es terminar con ese uso discrecional de los fondos y las viviendas”, afirmaron al diario La Nación voceros del ministro.

La inminente puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado “evitar los abusos”, que cerca de Frigerio adjudican, sobre todo, a “provincias gobernadas por el PJ”.

Se trata, en realidad, de la puesta en marcha de una resolución (la 122-E) firmada en diciembre pasado por el entonces secretario de Vivienda Domingo Amaya, en el contexto del Plan Nacional de Vivienda, que este año tiene un presupuesto de $15.000 millones a repartir entre las provincias. A ese número se le suman los $16.500 que contendrá el plan Fonavi, destinados a Vivienda e Infraestructura.