Margarita Stolbizer ha cuestionado la sobreutilización del mecanismo de contratación de empresas privadas para realizar las tareas que deberían estar a cargo de los empleados públicos. “Se prescinde del estado para que algunas empresas privadas hagan buenos negocios. Resultan ser amigos o parientes y se les exime de cumplir las leyes al tiempo que se les otorgan contratos millonarios. Algunos mecanismos son demasiado parecidos a los usados en el gobierno anterior: las empresas se crean al solo efecto de contratar con el estado”.

La denuncia presentada está referida a una contratación del Ministerio de Modernización para que la consultora realice la tarea de “seguimiento de evolución de proyectos centrales de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización.” fue la única empresa presentada en la licitación que se le adjudicó por un monto de $ 1.260.000.

Los estados contables de la empresa Labcom SA demuestran que ha ganado varias licitaciones públicas y que sus únicos ingresos declarados durante los años 2016 y 2017 provienen de la administración pública nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no registra empleados ni contratación de aseguradora de riesgos del trabajo y no registra aportes de ningún tipo.

“Desconocemos cómo puede cumplir con los objetivos de los contratos con el Estado nacional y municipal si no cuenta con empleados registrados. Esta información puede comprobarse solo al analizar los estados contables de la empresa en los cuales no existen rubros que estén destinados al pago de cargas sociales o salarios. Tampoco surge información en los organismos tributarios y de seguridad social tal como puede comprobarse en base de datos públicas, a pesar de resultar ganadora de concursos privados y licitaciones públicas impulsadas desde el Gobierno Nacional y la ciudad de Buenos Aires.”, explicó Stolbizer.

Labcom SA se constituyó el 16 de febrero de 2012 y tiene como actividad principal declarada ante la AFIP el rubro servicios empresariales. Sus socios son Juan Pablo Peredo, Luciano Hernán Elizalde Acevedo y Alejandro Luciano Alonso. El primero de ellos era titular de Nación Fideicomisos al momento de ganar la licitación.

Luciano Elizalde es investigador del Conicet, y comparte en condominio hectáreas en Salta con el Presidente de la Nación Mauricio Macri a través de Tykey SRL. El Presidente Macri adquirió estas hectáreas como entrega de pago de una deuda que mantenía Nicolás Caputo en 2015.

Y el tercer socio, Luciano Alejandro Alonso se desempeña en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Creemos que debe investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de las licitaciones mencionadas ya que omitieron cumplir con sus deberes que las leyes vigentes les imponen. Y este apartamiento implica siempre el ejercicio arbitrario de la función pública. La actuación de los funcionarios públicos debe ser desprovista de cualquier sospecha de parcialidad”, aseguró Stolbizer en su denuncia.

“Las normas de contrataciones con la administración pública y de servicios de consultoría en ámbitos estatales, así como la Ley de Ética en la función pública, intentan proteger a la administración pública en general, tratando de preservar la regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos, que pueden verse comprometidas por el acto arbitrario de los funcionarios que se involucren para obtener un beneficio personal o bien un beneficio para un tercero. Se ha violado la ley de contrataciones del estado, la que regula la contratación de consultorías privadas y la ley de ética pública. Los funcionarios podrían estar incursos en la comisión de delitos penales y por eso estamos pidiendo la investigación de los hechos denunciados”.

“El Gobierno debe multiplicar esfuerzos para que las promesas de cambio no se conviertan en una nueva mentira. Deben mostrar una gestión transparente. La lucha contra la corrupción no es solo mirar hacia atrás, sino procurar que no nos vuelva a ocurrir”, finalizó Stolbizer.

La denuncia será investigada en el Juzgado Federal Nº 11 a cargo del Dr. Claudio Bonadío.