La Cámara Federal porteña confirmó la inhibición de bienes de Máximo y Florencia Kirchner en el marco de la causa Hotesur. El motivo es evitar que se desprendan de bienes antes del juicio. Tres sociedades, 16 propiedades en Santa Cruz y Buenos Aires, y un vehículo, son los bienes que heredaron del ex presidente Néstor Kirchner, los cuales, tras la decisión del juez federal Julián Ercolini, fueron inhibidos por decisión de la sala I de la Cámara (con los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero).

Los camaristas resolvieron “confirmar la resolución puesta en crisis, que dispuso decretar la inhibición general de bienes de Florencia Kirchner y Máximo Carlos Kirchner y también sobre las firmas Hotesur SA y CO.MA SA”, según consta en el fallo. “Esta medida cautelar resulta ajustada a derecho, ya que en esta instancia del proceso resulta imprescindible asegurar que se mantengan inalterables aquellos bienes que podrían haberse utilizado para la comisión de los hechos, con el fin de resguardar la posible concreción -en caso de resultar pertinente- de una potencial pena de decomiso”, aseguró Bruglia.

En la causa Hotesur se investigan supuestas maniobras de lavado de activos a través de falsos alquileres de plazas hoteleras por parte de esa sociedad de la familia Kirchner a empresarios vinculados con la obra pública, como Lázaro Báez y Cristóbal López. La inhibición se había dictado a pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes señalaron que la ex mandataria había cedido activos a sus hijos para eludir embargos judiciales.

Sufre Lázaro

Asimismo, el juez federal Ercolini procesó a Martín Báez -el hijo del detenido Lázaro Báez-, ex funcionarios de la Dirección de Vialidad y empresarios, por el delito de defraudación al Estado. El juez, además, ordenó embargos por $2.500 millones sobre los bienes de cada uno en el marco de la causa en la que se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral.

Se trata del segundo fallo en esta investigación, donde la ex presidenta Cristina Fernández fue procesada como jefa de una asociación ilícita, junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el propio Báez, entre otros.