El juez federal Ariel Lijo ordenó avanzar con las pruebas en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA a raíz de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento en el 2013.

Además, el magistrado delegó la investigación en el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tendrá que llevar adelante 49 medidas de prueba pedidas por él hace dos años y que nunca se instrumentaron.

En paralelo, Lijo abrió un “incidente” para comenzar a resolver si se queda con la causa o la envía a su colega Claudio Bonadío, quien la reclamó en octubre pasado argumentando tener a su cargo una investigación similar más avanzada, según una resolución firmada este miércoles, en el reinicio de la actividad judicial tras la feria de enero. 

Entre las pruebas pedidas por Pollicita el 13 de febrero de 2015 en un dictamen de 62 carillas hay allanamientos, citación de testigos, cruces de llamados entre los denunciados y otras medidas para intentar corroborar si hubo, por ejemplo, visitas de algunos de ellos a la Casa Rosada en las fechas señaladas por Nisman. Pero apenas presentado el dictamen en que se imputó a la ex Presidenta, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia por “inexistencia de delito” y la archivó.

En el nuevo escenario planteado desde ahora, Pollicita  tendrá que analizar cuáles de estas medidas pueden ser llevadas a cabo a dos años de la denuncia y si se justifica avanzar con algunos allanamientos ante el tiempo transcurrido, explicaron fuentes judiciales.

Apenas retomada la actividad judicial, Lijo resolvió en un texto de dos carillas impulsar la denuncia relativa a la existencia de un “plan delictivo” para encubrir y brindar impunidad a los ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional por el atentado del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en la mutual judía de Pasteur 633.

El 29 de diciembre pasado, sus superiores de la Cámara Federal de Casación decidieron abrir la denuncia desestimada dos veces en instancias inferiores por el juez federal Daniel Rafecas y por la Sala I de la Cámara Federal porteña.

En ese marco, el máximo tribunal penal del país apartó a Rafecas y a los camaristas de la Sala I Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Por sorteo, Lijo quedó al frente del caso y como instancia de apelación actuará la misma sala I de la Cámara Federal, pero con un nuevo subrogante, el juez Leopoldo Bruglia y alguno de los miembros de la sala II que deberá ser designado para resolver en el caso junto con él.

El 14 de enero de 2015 y en un regreso apresurado de unas vacaciones en Europa, el fallecido ex titular de la UFI AMIA denunció a la ex Presidenta, a Timerman, a Andrés Larroque, Jorge Yussuf Khalil, el ex juez en lo criminal Héctor Yrimia, al referente piquetero Luis D Elia, al lider de Quebracho Fernando Esteche y al sindicado espía Ramón Bogado.

El fallecido fiscal federal argumentó en base a 5 mil horas de escuchas telefónicas ordenadas en la causa central que intenta dar con los autores del atentado, que los denunciados orquestaron un plan para hacer cesar las llamadas “circulares rojas” de Interpol contra altos funcionarios del gobierno iraní buscados por AMIA.

Y como eje en este plan puso al Memorándum de Entendimiento con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Justicia argentina, en otra batalla judicial que impulsó la AMIA. El objetivo final era incrementar negocios entre ambos países, argumentó Nisman.

Cuatro días más tarde y en la víspera de presentarse ante el Congreso Nacional para defender su acusación, el fiscal apareció muerto de un disparo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en las torres Le Parc de Puerto Madero, un hecho que se investiga en otra causa judicial para determinar si se suicidó o lo mataron.

Pese a la orden de avanzar en la pesquisa, Lijo tendrá que decidir aún si hace lugar a un planteo del juez federal Claudio Bonadío relativo a unirla con una causa que tramita en su juzgado a raíz de una denuncia por “traición a la Patria” contra los mismos imputados.

Bonadío había presentado su planteo de inhibitoria al anterior juez del caso, Rafecas, el 18 de octubre pasado, pero ahora deberá ser resuelto por Lijo.
En caso de discrepancia entre ambos, será la Cámara Federal porteña la que tenga la última palabra.

Si bien la causa que investiga Bonadío se inició tiempo después, el magistrado le dio impulso y ya hay medidas de prueba hechas, tal como argumentó al plantear su intención de quedarse con la denuncia de Nisman porque se  investigan los mismos hechos.