“Vamos a tener los números”, respondió Massa, muy confiado, en una conferencia de prensa ante la consulta sobre el consenso  político necesario para que la iniciatia prospere en los tiempos  que él pretende, dado que necesita dos tercios para tratarlo sobre tablas.

Massa fue el único orador, pero en el escenario lo acompañaban  diputados de su espacio como Facundo Moyano, Graciela Camaño,  Felipe Solá y José Ignacio de Mendiguren, como también  legisladores de otros espacios como Victoria Donda (Libres del  Sur) y Oscar Romero (PJ).

Esta alianza opositora pretende que esta iniciativa sea ley antes de fin de año y cuestiona la idea del Gobierno, que pretende enviar su propio proyecto para que tenga media sanción este año y  se sancione recién en 2017.

“No se puede esperar, la gente está mal, no le alcanza el dinero”, advirtió Massa y aclaró: “Aspiramos a que se trate este mismo jueves junto a la Ley de Emergencia Social. Y que el  Senado lo sancione antes de fin de año”.

Con esas limitaciones, sólo 800.000 trabajadores pagarán el  impuesto y 100.000 jubilados deberán afrontarlo; y entre los cambios figura que los contribuyentes puedan realizar  deducciones como el pago de alquiler del hogar o de los  intereses de un crédito hipotecario.  

A partir de esta ley, las actualizaciones de las escalas se darían de forma automática, por lo que -dijo Massa- “ningún trabajador o jubilado le va a tener que pedir al Gobierno de turno que le actualice el impuesto”.

Actualmente, 1.600.000 trabajadores y 400 jubilados que cuentan con ingresos brutos mensuales de unos $ 30.000 pagan Ganancias y, según el Frente Renovador, si no se propician cambios, en 2017 serán 3.000.000 las personas físicas que se verán afectadas por el gravamen.

Los beneficios también alcanzarán a unos 500.000 trabajadores autónomos y a unos 3,1 millones de monotributistas, a quienes se les duplicarían los tramos de facturación de 400.000 a $800.000 para prestación de servicios y de $600.000 a $1.200.000 a ventas de bienes muebles. 

Financiamiento

La iniciativa propone un gravamen del 15% para “los 300” que operaron en dólar futuro en 2015, con lo que se recaudaría unos $11.000 millones y otros $5.000 millones por nuevos tributos a la actividad minera, porque “el Gobierno le quitó retenciones y no se generó ni un sólo puesto de trabajo más”, según Massa.

También habrá nuevos impuestos para quienes manejan el juego en la Argentina y para los empresarios que ahora no pagan  Ganancias cuando las compañías de las que son dueños reparten  dividendos.

Asimismo, se impondría un impuesto a los plazos fijos bancarios y cuentas con Lebacs de más de 1 millón de pesos para “castigar las especulaciones y llevar a que se ponga el dinero en el  circuito productivo”.

El costo de la medida demandará un sacrificio fiscal efectivo de  $48.000 millones, pero al menos $27.000 millones fueron contemplados por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto 2017.

El Frente Renovador estima que el impacto de los cambios  generar  que al menos $20.000 millones vuelvan al Estado  por un mayor consumo y nivel de actividad económica; y se generarán unos $41.400 millones por impuestos a los grupos económicos concentrados.