Se trata de un viejo reclamo de los gobernadores desde que a comienzos de 2009 quedara sin efecto el régimen privado de jubilación de capitalización. Al recuperar la Anses la totalidad de los aportes personales de los trabajadores que habían abandonado el sistema de reparto, no se justificaba dejar en manos de la Nación el 15% del total de impuestos coparticipables.

A fines de 2015, poco antes del cambio de Gobierno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que "es inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Anses". De ese modo hizo lugar a las demandas planteadas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Pero el nuevo Gobierno dispuso por un Decreto de Necesidad y Urgencia derogar la reglamentación de esa medida, que sólo favorecía a 3 de las 24 provincias, y se puso a trabajar en un plan integral de ordenamiento del sistema general de coparticipación de los impuestos que recauda la Nación y que casi el 50% debe redistribuir entre esas jurisdicciones, parte en forma automática, por goteo, y parte a fin de cada período.

Así llegó a la firma de un acuerdo inédito con casi todos los gobernadores. La excepción fue Alicia Kirchner, que esperará a contar con el respaldo de la Legislatura de Santa Cruz.

Desde que el 20 de noviembre de 2008 el Senado sancionó la reforma del sistema previsional, que implicó la desaparición de la jubilación privada y las AFJP desde el 1 de enero de 2009, la administración central acumuló una deuda singular con las provincias, porque con el cambio no dejó sin efecto la retención del 15% del total de los fondos coparticipables, pese a que la Anses había vuelto a recuperar los aportes personales de los trabajadores que habían abandonado el sistema de reparto.

El origen de los fondos retenidos

El 15% de la coparticipación correspondiente al conjunto de las provincias, para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos de la Anses, se nutrían de una suma fija anual del Impuesto a las Ganancias de $120 millones; y 11% del total IVA neto de reintegro a los exportadores, que a su vez se distribuía 6,27% a provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 93,73% a la Administración Nacional de la Seguridad Social.

De ahí que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que también cumplió un rol clave en la obtención del respaldo legislativo para que se votara la Ley de Normalización Financiera que posibilitó salir del default de parte de la deuda pública, definió el convenio de "Acuerdo histórico por varias razones, porque no sólo es la primera vez que se juntan los gobernadores fuera de la Ciudad para un encuentro como éste, sino porque hace muchos años que no se rubrica un acuerdo federal como el de hoy", y se cierra una omisión en detrimento de los estados provinciales a favor de la Anses, durante más de siete años.

El convenio abarca a las 21 provincias que no estaban alcanzadas por el fallo de la Corte Suprema al respecto; es decir, Santa Fe, Córdoba y San Luis. ¡A los fines de la determinación de cada desembolso, se tomará la proyección de recaudación nacional prevista en la Ley Anual de Presupuesto y el aumento o reducción que corresponda en virtud de la recaudación efectivamente ocurrida al 31 de diciembre de cada año, aumentará o reducirá, respectivamente, el desembolso del año siguiente", definió el acuerdo.

El próximo desafío del Ministerio del Interior es lograr consenso con los 24 gobernadores para renovar una Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que no responde a las transformaciones económicas y sociales de cada distrito.