En un intento por transparentar el esquema de contrataciones del Estado, el Gobierno dispuso la creación de un sistema público de registro y precalificación de empresas que pretendan participar de la licitación de obras públicas.

Frente al intenso desfile judicial de ex funcionarios kirchneristas y empresarios beneficiados con la adjudicación de proyectos durante la anterior administración, el esquema general de licitaciones al que se encuentra abocado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto con los secretarios de Obras Públicas y Vivienda, funcionará en la práctica como un filtro por el que que deberán pasar las compañías que busquen sumarse al plan nacional de infraestructura, un programa que solo para el territorio bonaerense prevé inversiones por más de $ 150.000 millones en los próximos ocho años.

La propuesta implica crear un sistema único, al que se podrá acceder a través de internet, en el cual las empresas deberán registrarse para ser calificadas con un criterio común aplicado por un consejo asesor antes de realizarse las licitaciones. El consejo, que estará integrado por la Cámara Argentina de la Construcción, el gobierno nacional, el de la Ciudad de Buenos Aires y el de las provincias que deseen sumarse, evaluará parámetros de ingeniería, facturación, empleo y la conducta de los postulantes en licitaciones anteriores, entre otros ítems, para emitir una calificación automática y solo condicionada a la veracidad de la información que se brinde.

Así, se busca que desde el primer momento sea de conocimiento público si una empresa puede o no estar en condiciones para participar en una licitación. Y evitar, a su vez, la duplicación de esfuerzos por parte de las compañías, con la presentación de papeles cada vez que se lanza el llamado para una nueva obra.

En la Rosada consideran que fijar reglas comunes y conocidas para la calificación favorecerá la competencia y evitará la cartelización de los proveedores. Y remarcan que "todo organismo del Estado que licite solo podrá plantear requisitos de aceptación más flexibles pero nunca más estrictos" que los contenidos en el sistema único. 

Asimismo, consideran que "los criterios calificados evidenciarán la eventual aparición de empresas fugaces con méritos insuficientes frente a las obligaciones que les resultan encomendadas".

Desde la semana próxima el esquema se pondrá a discusión con las cámaras del sector, la Unión Obrera de la Construcción y el consejo de ministros provinciales de Obras Públicas. Y será aplicado a través de un decreto en los próximos meses. "El plan de Obras Públicas se va a nutrir de esto", señaló a El Cronista el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, quien remarcó la importancia de agilizar, transparentar y profesionalizar el proceso.

Al respecto, Frigerio remarcó que "este es un compromiso de campaña que asumió el presidente Macri. La transparencia en las contrataciones del Estado serán un eje central de nuestra gestión en estos cuatro años". En ese sentido, se prevé que la administración, los competidores, los organismos de control y el público en general tengan acceso al sistema y puedan constatar los criterios para la elección de las empresas, así como la calificación que tiene cada constructor, los antecedentes considerados para calcularla y la existencia o no de un mercado competitivo para cada llamado.

El seguimiento podrá hacerse en tiempo real e incluirá conceptos como la evaluación de desempeño de los contratistas.

Fuente Cronista .com