Sábado 23 de Noviembre de 2024

INTERNACIONALES

27 de marzo de 2016

Preparan un plan alternativo de gobierno en caso de que Rousseff sea destituida

EL VICEPRESIDENTE PREPARA UN PLAN DE GOBIERNO QUE INCLUYE LA REDUCCIÓN DE LOS FONDOS A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE VIVIENDA, EDUCACIÓN Y COMBATE A LA POBREZA Y PONER EN LA AGENDA LA REFORMA DEL SISTEMA JUBILATORIO Y LABORAL Y PRIVATIZACIONES

“Evaluamos medidas en el área social que puedan beneficiar a la población, luchar contra la pobreza, pero al mismo tiempo mantener el equilibrio fiscal y la salud de las cuentas públicas”, afirmó el ex ministro y ex gobernador de Río de Janeiro Wellington Moreira Franco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

“Son medidas que ya fueron usadas en Brasil y que son adoptadas en varios países”, subrayó Moreira Franco en declaraciones publicadas este domingo por el diario O Estado de Sao Paulo.

El PMDB, al que también pertenece Temer, es el partido más grande de Brasil y debe decidir este martes si abandona oficialmente la coalición gobernante encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT) y deja los siete ministerios que ocupa actualmente.

Si así fuera, agravará aun más la situación de Rousseff con vista a la votación en el Congreso para llevar adelante o no el juicio político a la mandataria, al que el gobierno considera un “golpe institucional” debido a que la acusación se basa en maniobras fiscales con el presupuesto que, según ella, realizaron todos sus antecesores desde 1985.

Moreira Franco, quien fue ministro de Asuntos Estratégicos y de Aviación Civil de Rousseff, reveló la existencia de un plan económico que dejaría atrás el modelo de protección social usado desde 2003 por el PT en caso de que Temer y el PMDB pasen a comandar el país.

El texto, titulado “Un puente para el futuro”, promueve sin detalles el regreso de las privatizaciones, nuevas metas fiscales y una ley que fije techos al uso de recursos públicos.

El ex funcionario, que preside la Fundación Ulysses Guimaraes, del PMDB, apuntó al programa social “Mi casa, mi vida”, uno de los pilares de Rousseff, al afirmar que se revisará su financiamiento a través del Fondo de Garantía de Servicios (FGTS), conformado por las retenciones que los empleadores hacen de los sueldos con el objeto de los trabajadores cobren una especie de indemnización cuando termina el contrato laboral.

“No se puede jugar con el dinero ajeno”, sostuvo el ex ministro, hoy convertido en articulador de un eventual gobierno de Temer hasta las elecciones de 2018.

Moreira Franco dijo que “es necesaria una meritocracia” en la concesión de ayudas y subsidios a los alumnos de bajos ingresos y afrodescendientes, que se impulsa desde 2003 en Brasil.

Según O Estado, el PMDB está analizando la posibilidad de eliminar la gratuidad en algunas universidades federales y concentrar la ayuda social en apenas el 10 por ciento más pobre de la población.

El PMDB de Río de Janeiro, donde se concentra el gran poder del partido, decidió el sábado que votará a favor de salir del gobierno y dar vía libre al juicio político.

Pero dentro del partido, que siempre fue oficialista pero nunca gobernó directamente el país (ni siquiera en 1985-90, cuando el presidente fue su dirigente José Sarney, pues su consagración fue fruto de una votación indirecta negociada con la dictadura militar saliente), existen diversas corrientes de opinión.

“Yo creo que es apresurado tomar decisiones tajantes frente un momento crítico del país”, afirmó Eduardo Braga, ministro de Minas y Energía, del PMDB, quien se opone a la ruptura.

La falta de consenso en el partido más grande del país está relacionada con que el principal impulsor del juicio político a Rousseff es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un ultraconservador dentro del PMDB y procesado por corrupción, a quien la fiscalía de Suiza le descubrió cinco cuentas no declaradas en las que fueron depositados cinco millones de dólares.

Cunha decidió en diciembre pasado darle curso a un pedido de juicio político luego de que el PT votara a favor de iniciarle un proceso en el Consejo de Éética de la Cámara de Diputados.


Esta semana, Rousseff deberá preparar su defensa para presentarla en las sesiones de la Comisión de Juicio Político del Congreso, mientras negocia con otros partidos llegar al número mágico de 172 diputados para evitar que el juicio político sea llevado a votación definitiva en el Senado.

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