Las restricciones de ventas de cambio a menos de 10% de los trabajadores asalariados, en su mayor parte del sector público, y a apenas un 1% de los jubilados, que se impuso desde los primeros días de 2012 como desafortunada estrategia de "proteger" las reservas del Banco Central tuvieron el efecto opuesto.

A los ya conocidos perjuicios que el cepo cambiario que la ex presidente Cristina Kirchner anunció a fines de octubre de 2011, luego del contundente triunfo electoral con 54% de los votos para un segundo mandato de Gobierno, generó sobre la actividad económica, el empleo privado, el comercio exterior y sobre todo sobre la calidad de vida de gran parte de los residentes, se agregó el incentivo a la fuga de capitales.

Se sabe desde tiempos milenarios que nadie va a donde no lo dejarán salir y que cuando se imponen cepos automáticamente se disparan mecanismos de defensa por parte de quienes no comparten ese obstáculo.

Eso fue lo que ocurrió a la vista de los propios funcionarios encargados de seguir el movimiento de de las divisas, porque al cabo del primer año del cepo mientras las reservas del Banco Central cayeron en casi USD 3.000 millones los activos externos de los argentinos se elevaron en unos USD 12.000 millones, desde USD 194.854 millones previos.

Esa secuencia se fue repitiendo año tras año, al punto que el Indec acaba de comunicar en el informe ampliado de la balanza de pagos al cierre de 2015, con cifras corregidas de años anteriores, que las tenencias de activos externos ascendieron a USD 230.557 millones, excluidos USD 5.100 millones correspondientes al sector financiero.