El derrame de cianuro producido en setiembre en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold, en la provincia de San Juan, contaminó cinco ríos de la región, reveló ayer un informe oficial.

"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 (de residuos peligrosos), por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", señala el informe elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).

Se estima que la rotura de un caño generó el derrame de cerca de un millón de litros de solución cianurada de la mina de oro, ubicada a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes, en el centro oeste de nuestro país. La solución se habría vertido en las nacientes del río Jáchal.

Barrick Gold sostuvo en un principio que "no existe presencia de solución cianurada en ninguno de los cursos de agua de las cuencas hídricas desde la mina Veladero hasta la localidad de Jáchal".

La pericia que confirma la contaminación de cinco ríos fue presentada a fines de año a la Justicia Federal que investiga el caso pero no había sido difundida públicamente.

De acuerdo con este informe, "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total"; en algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley, y también de otros metales pesados. Además, se identificó "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.

"En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica", sostuvo el peritaje de la PFA.

Otro estudio del Instituto Nacional del Agua (INA) tuvo resultados menos categóricos, mientras que el año pasado un informe de la Universidad Nacional de Cuyo ya había advertido de la contaminación.

El proyecto de Barrick Gold ha sido criticado numerosas veces en la opinión pública en medio de denuncias de contaminación del medio ambiente, además de cuestionamientos por excesivo consumo de agua y gran cantidad de espacio utilizado para su desarrollo.

El gobierno de la provincia de San Juan aseguró ayer que en base a otros estudios "no hay peligro" en estos momentos para la población.

El fiscal federal Ramiro González, que actúa en el caso, propició la revelación del peritaje de la Policía Federal. El funcionario acusador, a su vez, solicitó un informe a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en base a muestras tomadas de la red de agua de las localidades sanjuaninas de Chinguillos y Agualasto, confirmaron fuentes judiciales.

La causa por el derrame está a cargo del juez federal porteño Sebastián Casanello y delegada en el fiscal, aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si se sigue con la pesquisa en el ámbito de Capital Federal o en San Juan, donde hay una investigación también abierta.

En el pedido de pericia, González solicitó que se determine si la presencia de sales y cobalto en el agua resultaría "dañosa" para la salud.

Los peritos determinaron que en las muestras tomadas en los cinco ríos por orden de Casanello, hubo presencia de "cianuro total" y en algunos casos presencia de otros metales pesados en valores que superaron los permitidos.

Además, el informe sostuvo que hay "amenaza" para la diversidad biológica en el agua al haberse detectado "contaminantes peligrosos".

El tema de los riesgos que implica la actividad minera para el medio ambiente y la salud cobró actualidad en las últimas semanas a partir de que el gobierno anunció la eliminación de retenciones para las empresas del sector "sin la contrapartida de medidas de protección" para la población y el ambiente, según advirtieron dirigentes como Lilita Carrió y Margarita Stolbizer.

Por su parte, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, justificó la eliminación de retenciones al asegurar que "tiene como objetivo fundamental conseguir pobreza cero" y afirmó que "no es un beneficio para las multinacionales sino que tiene el objetivo de dar más trabajo".

El gobierno de San Juan afirmó ayer que los ríos de la provincia "no fueron contaminados" por la Barrick, según el secretario de Gestión Ambiental, Marcelo Giglione.

Otro funcionario designado por el ministro del área para abordar el tema, Alberto Hensell, le dijo a la agencia Télam que "los estudios realizados por el Centro de Investigaciones para la Prevención de la Contaminación Minera e Industrial (Cipcami), el Instituto Nacional del Agua y otros laboratorios privados indican que nunca hubo contaminación de los ríos por el evento".

Por su parte, la representante de la Asamblea Jáchal No se Toca, Miriam Corso, indicó que los peritajes que confirman contaminación "son un empuje a la lucha. Sin embargo, hay una temible y sospechosa negación del tema, donde se minimizan los efectos del derrame y las consecuencias que traen en la población".

La dirigente social afirmó que "tenemos análisis de verduras efectuados por un laboratorio del sur donde la contaminación está comprobada".

"También está el caso de un niño de cinco años de Jáchal donde aparecen rastros de mercurio en un análisis de sangre que se le practicó", aseguró. Dijo que "el niño y su familia están con identidad reservada porque reciben amenazas", y recordó que los asambleístas acampan frente al municipio local desde el 13 de setiembre pasado,

"No nos vamos a ir hasta que la última mina se vaya, porque son incompatibles con la vida de la población y el desarrollo de nuestras comunidades", concluyó.

Reacción de la gestión Gioja

Sordo a los cuestionamientos por su política minera, el gobierno de San Juan afirmó ayer que los ríos de la provincia “no fueron contaminados” y que “el agua de consumo de las comunidades no fue afectada” por el derrame de setiembre. El secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de la provincia, Marcelo Giglione, declaró que a la gestión encabezada por José Luis Gioja le “sorprendió la divulgación del informe” de la Policía Federal.