El informe analiza el movimiento financiero que se produjo desde noviembre hasta el 10 de diciembre de 2015. Durante ese período el IVUJ firmó una serie de convenios para tareas de mejoramiento de viviendas con los municipios de Palpalá, San Salvador de Jujuy, San Pedro, Monterrico y El Carmen. El proyecto contemplaba obras para mil unidades por un total de 128 millones de pesos.

De la verificación de los resúmenes bancarios de las cuentas del Instituo de Vivienda surge que el 30 de noviembre se transfirieron desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación $29.346.301. El dinero se depositó en la cuenta del del Banco Nación Nº 4880018423. Entre el 4 y el 10 de diciembre el IVUJ libró el pago a los municipios mediante cheques por la totalidad del dinero pero las autoridades que debían intervenir en la fiscalización de la obra no estaban informadas de los acuerdos.

Investigadores judiciales en diálogo con Infobae ratificaron sus sospechas: por esa cuenta habrían pasado casi 700 millones de pesos.

Por caso, según las actas de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy se informa que ni el secretario de Obras Públicas ni el Maestro Mayor de Obras de la localidad sabían de la existencia del convenio como tampoco de las cooperativas a cargo de las obras. En dicha documentación los funcionarios locales afirman que tampoco se conocía la nómina de beneficiarios porque el acuerdo había sido "manejado en forma directa por el intendente saliente".

Los fondos que habían sido girados al municipio se repartieron entre tres cooperativas vinculadas a la organización de Milagro Sala. Se firmaron 72 cheques de 50 mil pesos destinados a las cooperativas 4 de Junio, 21 de Mayo y 14 de Enero respectivamente. Todas ellas comparten el mismo domicilio, en Alvear 1142, donde se encuentra una de las sedes de la Tupac Amaru.
El informe indica que los cooperativistas cobraron el dinero incluso antes de que los pagos a los municipios fueran registrados de manera oficial. En todos los casos, los montos eran entregados sin la autorización firmada por las autoridades municipales que debían intervenir en los convenios.
Los auditores advierten que "no se obtuvo documentación referida a la identificación de las organizaciones sociales que ejecutarían la obras, ni del responsable técnico, ni de los beneficiarios finales, ni de la localización geográfica precisa de las obras, ni de los requerimientos y/o reclamos que procurasen su obtención, no obstante haberse firmado los convenios del IVUJ con los Municipios y desembolsado los fondos".
El mecanismo de pagos establecido para las cooperativas también aseguraba la discrecionalidad, ya que los cheques dirigidos a las organizaciones podían ser cobrados en efectivo, sin la necesidad de explicar su destino.
La contracara de esta operatoria fue la ausencia de las obras prometidas. El informe relata el caso de los vecinos del Asentamiento 17 de Agosto, en San Pedro, quienes no tuvieron conocimiento de ningún beneficiario del plan como tampoco conocían a las cooperativas que habían cobrado millonarios montos para trabajar allí.